El Gobierno confía en un fallo «contundente» del TJUE para la aplicación inmediata de la ley de amnistía
El Gobierno de España ha manifestado este martes su expectativa de que la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, prevista para este jueves, sea «clara y contundente». El Ejecutivo central aspira a que el fallo judicial permita la aplicación de la medida de gracia con «diligencia y sin más dilación», según ha expresado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en el Complejo de la Moncloa.
La portavoz ha defendido la legitimidad de la norma recordando que fue aprobada por mayoría absoluta en las Cortes Generales y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional. Saiz ha subrayado que los efectos de la ley ya son perceptibles en la sociedad catalana, donde, según el criterio del Ejecutivo, prevalecen actualmente la convivencia y la prosperidad tras la implementación de las primeras fases de la normativa.
Este jueves 16 de julio, la Gran Sala del TJUE dictará las dos primeras sentencias relativas a las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles. El tribunal europeo deberá determinar la compatibilidad de la Ley Orgánica de Amnistía con el Derecho Comunitario, especialmente en lo referente a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. El fallo llega tras los dictámenes emitidos por el Abogado General en noviembre de 2025, quien descartó que la ley supusiera una «autoamnistía» o que colisionara con la lucha contra el terrorismo y los intereses financieros de la Unión.
Aunque las conclusiones del Abogado General no tienen carácter vinculante para los magistrados de la Gran Sala, estas suelen marcar la tendencia de las resoluciones definitivas en la mayoría de los procedimientos ante el TJUE. En sus informes previos, el Abogado General consideró que, si bien la norma no vulnera los principios fundamentales de la Unión, podrían existir fricciones menores con el Derecho de la UE que el tribunal deberá precisar en su sentencia definitiva.
Desde el entorno de la Presidencia del Gobierno se espera que un fallo favorable contribuya a normalizar las relaciones institucionales con Junts per Catalunya. La formación independentista había enfriado sus vínculos con el Ejecutivo al considerar que no se estaban cumpliendo los compromisos de legislatura. Una resolución judicial que despeje el camino para la aplicación de la amnistía se percibe en Moncloa como un paso necesario para avanzar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno pretende presentar antes de que finalice el año.
Finalmente, fuentes gubernamentales han señalado que la sentencia debería servir para finalizar los «bloqueos» judiciales que se han interpuesto contra la ley. El Ejecutivo mantiene que la resolución del TJUE, sumada a la actuación del Tribunal Constitucional, permitirá superar los obstáculos procesales y consolidar la normalización política en Cataluña, cerrando los litigios abiertos por la oposición en las instancias europeas.
