Pérez de los Cobos califica de «anomalía constitucional» las presiones a las unidades de investigación judicial
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha calificado este martes como una «anomalía constitucional» las presiones ejercidas contra la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo en San Lorenzo de El Escorial, el mando del instituto armado advirtió que estos intentos de injerencia suelen intensificarse cuando las investigaciones aportan elementos incriminatorios de relevancia.
En el marco de la ponencia «El deber de reserva de la Policía Judicial», integrada en el curso sobre Justicia y Estado de derecho, Pérez de los Cobos defendió que la función de estos agentes debe basarse en la interpretación técnica de los hechos y su puesta a disposición de la autoridad judicial. Según el coronel, la experiencia demuestra que, ante informes determinantes, se activan estrategias para desacreditar las pesquisas sugiriendo la existencia de controles externos sobre dichas unidades.
Estas declaraciones se producen en un contexto judicial marcado por la instrucción del denominado «caso Leire», a cargo del juez Santiago Pedraz, en el que se investigan presuntas maniobras para deslegitimar sumarios por corrupción que afectan a miembros del Ejecutivo y del partido en el Gobierno. Pérez de los Cobos incidió en que la independencia operativa es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la Policía Judicial.
Asimismo, el coronel manifestó su preocupación por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que actualmente impulsa el Gobierno. En particular, señaló que el artículo 539 del proyecto legislativo podría comprometer el deber de reserva de los agentes. Dicho artículo establece que los investigadores deben responder ante los jueces «sin perjuicio de informar a los superiores del servicio, el control y los medios para la mejor coordinación».
A juicio de Pérez de los Cobos, esta redacción abre «gateras» legales que dejarían a la Policía Judicial en una situación de vulnerabilidad. El mando advirtió que, de aprobarse el texto en sus términos actuales, los agentes solo estarían exentos de informar a sus superiores jerárquicos —y, por extensión, al Ejecutivo— cuando se decrete formalmente el secreto de sumario.
Finalmente, Pérez de los Cobos lamentó que, tras décadas de vigencia constitucional, la primera norma que pretende regular de forma explícita el poder de reserva de la Policía Judicial lo haga bajo una redacción que, en su opinión, debilita la protección de los investigadores frente a la jerarquía administrativa. En el encuentro también participó el exjefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, quien compartió la necesidad de blindar la autonomía de estas unidades especializadas.
