Un empresario denuncia ante la Audiencia Nacional presuntas conexiones entre la cúpula de la Guardia Civil y el bloqueo de una investigación de fondos europeos

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha recibido una denuncia formal del empresario Vicente Merino en la que se exponen supuestas irregularidades cometidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito vincula la aparente inacción policial en una causa sobre fraude de fondos europeos con la presunta trama de corrupción que afecta a la directora general del cuerpo, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, en relación con las actividades de Leire Díez.

La denuncia sostiene que la UCO no dio cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora. Dicha orden solicitaba la incautación de material probatorio clave relacionado con el presunto desvío de 500 millones de euros procedentes de subvenciones europeas. Según el denunciante, la negativa de la unidad policial a intervenir el expediente, que debía ser remitido por la Secretaría General de Fondos Europeos, derivó en el archivo provisional de la causa el pasado mes de marzo.

El caso bajo sospecha se remonta a diciembre de 2021 y afecta a la gestión de fondos públicos que, según la tesis de la acusación, habrían sido desviados hacia otros empresarios. En noviembre de 2022, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya requirió información al Ministerio de Hacienda para esclarecer si el grupo Acciona había sido destinatario de estas partidas. Merino alega que la falta de cooperación de la UCO, que incluso llegó a remitir a la instructora a una funcionaria en Bruselas que ya había declinado facilitar información, impidió avanzar en la instrucción judicial.

El escrito presentado ante el juez Pedraz subraya la coincidencia temporal entre estos hechos y las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE. El empresario argumenta que la presunta participación de Leire Díez en estrategias para contener investigaciones judiciales y policiales podría explicar el tratamiento recibido por su causa en Zamora. Asimismo, Merino señala que la jueza instructora de aquel procedimiento fue promocionada a la Audiencia Provincial de León poco después de decretar el cierre de las actuaciones, las cuales el denunciante considera que se clausuraron de forma prematura.

La documentación adjunta a la denuncia ante la Audiencia Nacional incluye una comunicación previa enviada a la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2025. En ella, el empresario reitera sus sospechas de que el archivo de la investigación por el presunto fraude de fondos europeos, que afectaría indirectamente a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responde a una voluntad de proteger a altos cargos institucionales y a determinadas consultoras privadas mencionadas en el expediente.

Finalmente, el denunciante recalca que los informes de la UCO que han trascendido recientemente sobre presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la cúpula de la Guardia Civil guardan sintonía con las irregularidades detectadas en su caso particular. A su juicio, no existe otra explicación razonable para el incumplimiento de una orden judicial por parte de la unidad de élite del instituto armado que la existencia de conexiones con la trama investigada por el magistrado Pedraz.