La Audiencia de Badajoz condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez por prevaricación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia considera probado un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación de una plaza pública de manera irregular para el hermano del jefe del Ejecutivo. Esta resolución judicial ha generado una reacción inmediata en el arco parlamentario, especialmente en el seno de Sumar, donde se interpreta como un posible anticipo del futuro procesal de Begoña Gómez.

El fallo emitido por los tres magistrados de la Audiencia concluye que la plaza ocupada por David Sánchez en la institución provincial fue diseñada específicamente para su beneficio personal, eludiendo los cauces normativos de la administración pública. La sentencia llega tras un proceso en el que las defensas habían deslizado la posibilidad de una absolución, fundamentada en la falta de unidad de acción de las acusaciones populares. Sin embargo, el tribunal ha ratificado la existencia de una conducta delictiva en la contratación, lo que supone un impacto directo en la estructura orgánica del socialismo extremeño liderado por Gallardo.

En el ámbito político, los socios de coalición del Gobierno han expresado su preocupación por el calado de la sentencia. Aina Vidal, coportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha calificado la condena de «desproporcionada». No obstante, fuentes internas de la formación que lidera Yolanda Díaz admiten en privado que este fallo judicial marca una tendencia que podría afectar a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, quien se encuentra actualmente investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La interpretación de los hechos difiere entre los socios del Ejecutivo. Mientras que el sector socialista insiste en la tesis del «lawfare» o persecución política mediante el uso de la justicia, sectores de Sumar proponen una lectura más técnica. Algunas voces de la coalición sugieren que la judicatura está respondiendo con firmeza ante lo que consideran ataques reiterados del Gobierno hacia la independencia judicial. Desde el sector madrileño de Sumar se marcan distancias con la retórica del PSOE, señalando que el uso indiscriminado del término «lawfare» podría desvirtuar la gravedad de los casos analizados.

El escenario judicial de Begoña Gómez queda ahora condicionado por la decisión pendiente de la Audiencia de Madrid, que debe determinar si la causa será juzgada por un jurado popular. Las previsiones actuales sitúan el inicio del juicio oral entre finales del presente año y el primer trimestre de 2027. La condena en Badajoz ha reforzado la tesis de aquellos sectores que prevén una resolución desfavorable para la esposa del presidente, vinculando el rigor de los magistrados al clima de tensión institucional entre el Palacio de la Moncloa y el Poder Judicial.

Finalmente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mantenido una evolución discursiva respecto al caso. Si inicialmente calificó la instrucción contra David Sánchez como un «juicio paralelo» y denunció la «judicialización de la política», en sus últimas intervenciones ha optado por un perfil institucional más reservado, limitándose a manifestar que debe permitirse que «la Justicia siga su curso». La sentencia de la Audiencia de Badajoz cierra un capítulo administrativo pero abre un periodo de incertidumbre sobre la estabilidad del entorno presidencial en el Congreso.