Adif registra 409 denuncias por robo de cable hasta junio y el Gobierno propone endurecer las penas
Adif ha contabilizado un total de 409 denuncias por sustracción de cable ferroviario durante el primer semestre del presente año, una cifra que se sitúa cerca de superar los registros de todo el ejercicio 2025, año que hasta la fecha ostentaba el máximo histórico. Ante esta escalada de incidentes, que afectan gravemente a la gestión del tráfico y la prestación del servicio público, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una propuesta de reforma del Código Penal para incrementar las sanciones contra estos delitos.
La sustracción de estos materiales, esenciales para la explotación ferroviaria, compromete directamente los sistemas de seguridad y gestión del tráfico. Según ha informado la compañía pública en un comunicado, estos actos delictivos repercuten de forma crítica en un servicio público esencial, generando perjuicios significativos para los usuarios y la operatividad del sistema de transporte nacional.
Como respuesta inmediata a la proliferación de estos robos, Adif ha procedido a reforzar las tareas de vigilancia y seguridad en sus instalaciones, con especial énfasis en aquellos puntos donde se ha detectado una mayor incidencia. De forma paralela, el Ejecutivo central impulsará una modificación del artículo 240 del Código Penal. El objetivo de esta reforma es endurecer las penas asociadas al robo de cable y otros elementos estratégicos de la infraestructura ferroviaria para disuadir este tipo de prácticas.
La evolución estadística de las denuncias muestra un incremento notable tras un periodo de descenso entre 2018 y 2020, cuando se alcanzó un mínimo de 121 incidentes. A partir de 2021, la tendencia se invirtió con 279 denuncias, ascendiendo a 392 en 2022 y, tras una ligera moderación en los dos años siguientes, alcanzó el récord de 462 denuncias en 2025. El actual registro de 409 denuncias en solo seis meses confirma la gravedad de la situación actual.
En cuanto a la distribución territorial de estos delitos durante 2026, Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con mayor incidencia, concentrando el 37,8% de las denuncias. Le siguen Aragón con un 23,1%, el País Vasco con un 6,9% y Castilla-La Mancha con un 6,2%. Estos datos guardan coherencia con la serie histórica iniciada en 2018, donde Cataluña, Aragón y Andalucía figuran como los territorios más afectados por esta problemática.
Recientemente, el gestor de infraestructuras ha tenido que intensificar la vigilancia de forma específica en corredores estratégicos, como el de Alta Velocidad del Sur, tras registrarse episodios de sustracciones reiteradas en periodos breves de tiempo, lo que subraya la necesidad de las medidas legislativas y operativas anunciadas.
