Santa Bárbara Sistemas suspende su recurso judicial contra Indra para facilitar una alianza estratégica
Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación del recurso que mantenía para impugnar los préstamos públicos destinados al Programa Especial de Modernización (PEM) de Artillería Autopropulsada. Este movimiento procesal se produce en un contexto de negociaciones avanzadas con Indra para la creación de una empresa conjunta especializada en el sector de los sistemas terrestres de defensa.
Fuentes de la compañía han precisado que esta petición no supone la retirada definitiva del recurso, sino una paralización temporal del procedimiento. El gesto se interpreta como un paso hacia la distensión entre ambas corporaciones, que hasta la fecha mantenían diversos frentes judiciales y una competencia directa por las licitaciones del Ministerio de Defensa. El objetivo es despejar el camino para una futura sociedad que actúe como el principal integrador nacional de capacidades industriales en el ámbito terrestre.
El litigio ante el Supremo tiene como objeto la suspensión cautelar de aproximadamente 3.000 millones de euros en préstamos estatales sin intereses. Dichos fondos fueron concedidos por el Ejecutivo a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra y Escribano, adjudicataria del programa de artillería. Desde Santa Bárbara Sistemas han reiterado que su acción judicial no se dirige contra su competidor, sino que cuestiona los cauces administrativos empleados para la concesión de estas ayudas públicas.
La operación de acercamiento coincide con el nuevo rumbo estratégico de Indra bajo la presidencia de Ángel Simón y el liderazgo ejecutivo de Josep Maria Recasens. La compañía busca consolidar un polo industrial fuerte en España para competir en los grandes programas europeos de defensa. La integración permitiría combinar el conocimiento tecnológico y de propiedad intelectual de Santa Bárbara en la fabricación de blindados con la capacidad de integración de sistemas de Indra.
La financiación en disputa forma parte de un paquete de 14.224 millones de euros autorizado por el Consejo de Ministros en octubre para los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas. Dentro de este reparto, los proyectos liderados por Indra, ya sea de forma individual o en consorcio, concentran un total de 7.944 millones de euros, seguidos por Airbus con .4030 millones y Navantia con 2.292 millones de euros.
A pesar de la tregua en el Tribunal Supremo, Santa Bárbara Sistemas mantiene activo otro recurso ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación del programa de artillería, valorado en más de 7.000 millones de euros. No obstante, el giro en la estrategia judicial en el Supremo señala una voluntad clara de las partes por alcanzar un acuerdo que evite la fragmentación del sector y refuerce la soberanía industrial española en materia de defensa terrestre.
