La Abogacía Española denuncia un incremento de los ataques a letrados por las causas que defienden

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha emitido una declaración institucional para denunciar la «intensificación» de una tendencia a la descalificación pública de los profesionales del Derecho. La Comisión Permanente del organismo advierte que estos ataques, procedentes tanto de medios de comunicación como de redes sociales y del ámbito institucional, se fundamentan en el mero hecho de asumir la defensa técnica de determinados clientes o causas.

Bajo el título «En defensa de la Abogacía», el documento subraya que la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio profesional constituyen una garantía imprescindible para el Estado de derecho. El Consejo incide en que la protección efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía solo es posible cuando los profesionales pueden desempeñar su función sin presiones, intimidaciones o injerencias externas.

Uno de los puntos centrales de la declaración es la reivindicación del principio de no identificación entre el abogado y su defendido. El CGAE recuerda que el profesional no hace suyas las ideas, los intereses ni la conducta de su representado, sino que su misión constitucional consiste en asegurar el derecho a una defensa efectiva con estricto respeto a la legalidad y a la deontología profesional. Según el organismo, esta estigmatización afecta especialmente a los letrados que prestan servicios en el turno de oficio y a quienes intervienen en procedimientos de especial repercusión pública.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha manifestado que los ataques al profesional no cuestionan únicamente a una persona concreta, sino que debilitan los pilares del sistema jurídico. «La independencia de la abogacía no es un privilegio de los abogados, sino que es un derecho de todos los ciudadanos que debemos proteger sin matices», ha señalado González, remarcando que el ejercicio de la defensa no puede convertirse en motivo de señalamiento social.

Ante este escenario, la institución ha realizado un llamamiento explícito a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general para evitar discursos que vinculen al abogado con su cliente. El Consejo reafirma su compromiso con la independencia de la profesión y advierte que esta preocupación es compartida a nivel internacional, donde se observa un incremento global de amenazas y agresiones hacia los letrados en diversos países.

La declaración concluye enfatizando que preservar la independencia de la abogacía es equivalente a proteger el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. Para el organismo rector de los abogados españoles, cualquier campaña de descrédito o insulto derivada del cumplimiento de su deber profesional supone un riesgo directo para las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.