La Audiencia Nacional dirime la nulidad de la venta del complejo Eurocis por presuntas irregularidades

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha iniciado la fase final de deliberación para determinar la legalidad de la adjudicación del complejo inmobiliario Eurocis, ubicado en la calle María de Molina 50 de Madrid. El tribunal deberá decidir sobre la demanda de nulidad radical interpuesta contra la Orden Ministerial del 21 de noviembre de 2023, mediante la cual el Ministerio de Hacienda formalizó la venta del inmueble a la mercantil Barnaby Investments, SL (filial del Grupo Lar) por un importe de 204.700.013 euros.

El proceso judicial, canalizado a través del procedimiento ordinario 68/2024, se encuentra en su etapa de conclusiones tras la demanda presentada por Grupo Whiteni Socimi, SA. La parte demandante sostiene que la adjudicación incurrió en vicios de nulidad al contravenir los pliegos de condiciones y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), alegando un trato desigual entre los licitadores durante la subasta pública del activo estatal.

El núcleo de la controversia técnica reside en el esquema de pagos aceptado por la Mesa de Contratación. Según la documentación aportada al proceso, la secretaría de la mesa dictó por escrito a los interesados que el fraccionamiento del pago no podía superar las diez cuotas totales para cumplir con los plazos legales. Bajo esta premisa, diversas empresas ajustaron sus ofertas económicas a un modelo de un desembolso inicial y nueve anualidades adicionales. No obstante, la oferta ganadora presentó un plan de once vencimientos (un pago inicial y diez anualidades), superando el límite técnico previamente comunicado al resto de competidores.

Asimismo, la demanda subraya una presunta vulneración de los plazos temporales establecidos por la normativa patrimonial. La Ley de Patrimonio especifica que los pagos aplazados deben computarse desde la fecha de la resolución que autoriza la venta, la cual fue emitida por el Consejo de Ministros el 13 de junio de 2023. El contrato final, sin embargo, extiende el calendario de pagos hasta noviembre de 2033, rebasando el tope de diez años naturales que expiraría en junio de ese mismo año.

Los hechos analizados por la Audiencia Nacional incluyen las incidencias registradas el 29 de septiembre de 2023 durante el acto público de apertura de sobres en la sede de la Agencia Tributaria. Tras las protestas de los licitadores al conocerse el plan de pagos de la adjudicataria, la Mesa de Contratación procedió a una «subsanación» verbal de la oferta de Barnaby Investments, alegando que el cumplimiento era correcto pese a la diferencia en el número de vencimientos respecto a las instrucciones previas.

La intervención directa de la titular de Hacienda en la firma de la adjudicación es otro de los puntos señalados en el expediente. El Ministerio desestimó las alegaciones de fraude presentadas por Grupo Whiteni en un plazo de cincuenta minutos tras su registro telemático, según consta en los registros oficiales. El Abogado del Estado, en representación de la administración, ha defendido la validez del procedimiento calificando las comunicaciones previas de la mesa como notas de carácter interno.

La resolución de la Audiencia Nacional no solo tendrá implicaciones administrativas sobre una de las mayores operaciones patrimoniales del Estado en los últimos años, sino que podría derivar en investigaciones en otras jurisdicciones de confirmarse las irregularidades en el proceso de subasta. Por el momento, el tribunal evalúa si la operación vulneró el principio constitucional de igualdad ante la ley y la normativa estricta de enajenación de bienes públicos.