El juez Peinado supedita la devolución del pasaporte de Begoña Gómez a su comparecencia presencial
Una semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara los recursos contra las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, el magistrado Juan Carlos Peinado mantiene bajo custodia judicial los pasaportes de ambas. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha condicionado la restitución de los documentos a que las investigadas acudan personalmente a la sede judicial para su recogida.
La decisión de la Audiencia Provincial revocó de forma íntegra las restricciones previas que incluían la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales. El tribunal superior corrigió el criterio del juez Peinado, quien inicialmente había argumentado la existencia de un riesgo de fuga, llegando a señalar que los efectivos de seguridad del Estado asignados a Gómez podrían facilitar una hipotética salida del país.
A pesar del mandato de la Audiencia de levantar dichas medidas y proceder a la devolución de la documentación, los pasaportes continúan en dependencias judiciales. La exigencia de una personación física para completar el trámite ha motivado la reacción de la defensa de Cristina Álvarez, que ya ha interpuesto un recurso contra esta disposición del magistrado.
La representación legal sostiene que la devolución del pasaporte es un acto estrictamente administrativo y prácticamente automático una vez que la medida cautelar ha sido revocada por una instancia superior. Según el recurso presentado, la competencia para ejecutar esta entrega recae en el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y no requiere de una resolución motivada por parte del juez instructor.
La defensa califica la situación como una restricción indebida del derecho fundamental a la libre circulación, al carecer de un título jurídico que la sustente en la actualidad. Los abogados argumentan que prolongar la retención de los documentos, una vez que la orden judicial de retirada ha quedado sin efecto por mandato de la Audiencia Provincial, supone una irregularidad de gravedad institucional en el marco del procedimiento.
Con este nuevo cruce de escritos, el procedimiento judicial suma un nuevo episodio de discrepancia procesal entre el juzgado de instrucción y las defensas, mientras se espera la resolución del recurso para determinar si la entrega de la documentación debe realizarse de forma inmediata a los representantes legales o si se mantiene la obligatoriedad de la comparecencia personal.
