El Congreso aprueba de forma definitiva la transferencia de la AP-9 a Galicia
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva la ley orgánica que permitirá el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) desde el Estado a la Xunta de Galicia. La ratificación de la norma se ha producido tras el rechazo de la Cámara Baja a las enmiendas introducidas previamente por el Partido Popular en el Senado, recuperando así el texto original pactado por el PSOE, Sumar y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
En la votación celebrada en la Cámara Baja, el Partido Popular se ha quedado prácticamente solo en la defensa de las modificaciones incorporadas en la Cámara Alta, contando únicamente con el apoyo del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán. El resto de las formaciones parlamentarias, incluyendo a Vox, votaron en contra de dichas enmiendas, lo que supone la validación automática del proyecto de ley tal y como fue remitido inicialmente por el Congreso.
Con la entrada en vigor de esta ley, el Estado y la Xunta de Galicia deberán iniciar ahora las negociaciones pertinentes en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. Este órgano será el encargado de determinar las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del traspaso de esta infraestructura, que vertebra el territorio gallego a lo largo de más de 200 kilómetros, conectando el norte y el sur de la comunidad.
Durante el debate parlamentario, la controversia se ha centrado en la viabilidad económica de la transferencia. El diputado popular Celso Luis Delgado ha manifestado que su formación demanda un traspaso «sin riesgos ocultos», advirtiendo de que las cargas financieras futuras para las arcas autonómicas podrían ascender a 4.000 millones de euros. Por su parte, el Gobierno autonómico gallego ha calificado de «inciertas» las condiciones de mantenimiento y obligaciones derivadas del texto aprobado.
Desde las filas del PSOE, la diputada Mercedes Otero ha rechazado estas cifras y ha acusado al principal partido de la oposición de generar confusión entre la ciudadanía gallega. En la misma línea, Manuel Lago, representante de Sumar, ha sostenido que la ley es un ejercicio directo de transferencia competencial sin ambigüedades. Néstor Rego, del BNG, ha criticado la postura del PP, atribuyéndola a una falta de voluntad política para que Galicia asuma la gestión de la autopista.
En el turno de fijación de posiciones de otros grupos, la diputada de Vox, Carina Mejías, ha expresado su rechazo a la fragmentación de las infraestructuras estatales en favor de las comunidades autónomas. Asimismo, el representante de Junts, Isidre Gavín, ha intervenido para señalar lo que considera una gestión deficiente de las políticas de transporte e infraestructuras del Gobierno central en otros territorios como Cataluña.
