El Tribunal Supremo aplica la amnistía a la exconsellera Meritxell Serret y extingue su responsabilidad penal
El Tribunal Supremo ha acordado la aplicación de la Ley de Amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, por el delito de desobediencia grave cometido durante el proceso independentista y la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Con esta resolución, la Sala de lo Penal declara amnistiados los actos por los que fue procesada y extingue formalmente cualquier responsabilidad penal derivada de los mismos.
La decisión del Alto Tribunal se fundamenta en que el recurso de casación presentado por Serret se ajusta al ámbito objetivo de la norma. Según el auto, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley no ha anulado el artículo 1.1, que define los supuestos de aplicación, sino que ha establecido una interpretación que el Supremo considera compatible con la situación jurídica de la exdirigente de ERC. De este modo, la sala concluye que la medida no contraviene la Constitución española.
Meritxell Serret, quien ocupó la cartera de Agricultura entre enero de 2016 y octubre de 2017, había sido condenada previamente a una pena de inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos electos, así como al pago de una multa de 12.000 euros. La aplicación de la amnistía deja sin efecto estas sanciones, permitiendo la plena rehabilitación de sus derechos políticos en el marco de la legislación vigente.
En el plano jurídico, el Tribunal Supremo resalta que la extinción de la responsabilidad se produce al constatar que los hechos juzgados —basados en la desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional— se encuentran plenamente integrados en los supuestos previstos por el legislador para la superación de las consecuencias penales del denominado ‘procés’.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha manifestado su satisfacción ante la que consideran la «primera» amnistía concedida por el Supremo a un miembro del Govern de 2017. A través de un comunicado oficial, la formación ha señalado que esta resolución avala la solidez de la ley y ha aprovechado para reclamar que se aplique el mismo criterio al resto de encausados y personas que se encuentran fuera del territorio nacional.
La formación independentista sostiene que, tras los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la aplicación de la norma por parte del Supremo era un paso «inevitable». Para ERC, esta decisión judicial supone un avance en la recuperación de los derechos políticos de las personas afectadas por las causas derivadas del conflicto político en Cataluña.
