El Gobierno y el PSOE impulsan un endurecimiento de los requisitos de sostenibilidad para los centros de datos
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha iniciado una ofensiva regulatoria en dos frentes, el europeo y el nacional, para elevar las exigencias medioambientales aplicables a los centros de datos. Mientras los europarlamentarios de la formación presionan a la Comisión Europea para mantener estándares estrictos, el Ejecutivo español tramita un real decreto que pretende convertir las recomendaciones voluntarias de la Unión Europea en obligaciones legales vinculantes para las grandes instalaciones.
En el ámbito de la Unión Europea, la iniciativa surge tras las informaciones que apuntan a una posible flexibilización de las normas climáticas por parte de la Comisión tras las demandas de grandes corporaciones tecnológicas. El eurodiputado socialista Nicolás González ha dirigido una serie de preguntas al Ejecutivo comunitario cuestionando si se garantizará la sostenibilidad real de los centros de datos mediante criterios de adicionalidad renovable y correlación temporal y geográfica, en lugar de permitir la compensación de emisiones. Según González, una normativa laxa pondría en riesgo la seguridad energética y los objetivos climáticos vinculantes de la Unión.
Paralelamente, en España, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un proyecto de real decreto para regular la eficiencia energética de estas infraestructuras. El punto más controvertido de la propuesta es el artículo 6, que introduce la obligatoriedad de cumplir con las «mejores prácticas» del Código de Conducta Europeo, un marco que hasta ahora tenía carácter voluntario. La norma española prevé exigir que las instalaciones de más de 100 megavatios (MW) se sitúen dentro del 15% de los centros con mejores prestaciones en indicadores de uso de energía y agua.
Esta maniobra regulatoria ha suscitado las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ha generado inquietud en el sector inversor. Los operadores advierten que la obligación de permanecer constantemente en el percentil de mayor eficiencia crea una incertidumbre financiera significativa, ya que obliga a realizar inversiones tecnológicas permanentes para no quedar fuera del rango permitido, sin que el capital necesario pueda ser previsto con exactitud a largo plazo.
Desde el sector financiero y consultorías como Arcano, se destaca el papel estratégico de los data centers como soporte fundamental para la Inteligencia Artificial. Los informes técnicos estiman que esta industria podría aportar hasta 22.271 millones de euros anuales al Producto Interior Bruto (PIB) español en la próxima década, lo que supone un impacto del 1,3%. No obstante, las fuentes sectoriales consultadas señalan que el endurecimiento de las condiciones operativas y de mantenimiento podría desincentivar la llegada de nuevos proyectos en un mercado altamente competitivo.
Por el momento, el Gobierno español no ha dado luz verde definitiva al texto normativo, que continúa en fase de tramitación. El debate institucional se centra ahora en equilibrar la ambición climática del Ejecutivo con la necesidad de mantener el atractivo de España como nodo receptor de inversiones tecnológicas de alto valor añadido.
