El Grupo Popular registra una iniciativa para reforzar la integridad y transparencia de las oposiciones estatales
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley destinada a mejorar los mecanismos de prevención de fraude y garantizar la igualdad en los procesos selectivos de la Administración General del Estado y su sector público. La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Hacienda y Función Pública, surge tras las recientes incidencias detectadas en las convocatorias de empleo de Renfe y de la Seguridad Social.
La propuesta insta al Gobierno a la aprobación de un Protocolo Estatal de Integridad de los Procesos Selectivos que sea aplicable a todo el sector público estatal, incluyendo organismos públicos y entidades empresariales. El texto solicita, asimismo, una auditoría inmediata de los procesos bajo sospecha para determinar responsabilidades y analizar las reclamaciones presentadas por los aspirantes afectados.
En el caso de Renfe, la compañía se vio obligada a repetir el pasado mes de julio la prueba psicotécnica de una Oferta Pública de Empleo para operadores comerciales. La decisión se tomó tras la recomendación de la Abogacía del Estado, al detectarse una posible filtración de contenidos que coincidían con materiales de preparación externos. Esta repetición afectó a un total de 2.213 aspirantes en diversas sedes nacionales.
Por otro lado, la iniciativa parlamentaria hace referencia a la investigación judicial sobre las oposiciones al cuerpo de administrativos de la Seguridad Social. En este proceso, se detectó una anomalía estadística en la sede de La Coruña, donde 33 aspirantes obtuvieron las mejores calificaciones de todo el país entre un total de 50.000 participantes. El Ministerio correspondiente ha procedido al nombramiento de los funcionarios mientras la justicia esclarece los indicios de presunto amaño.
El Grupo Popular argumenta en su exposición de motivos que el acceso al empleo público bajo los principios de mérito y capacidad constituye una garantía esencial del Estado de derecho. Según el texto registrado, las sospechas de irregularidades deterioran la confianza ciudadana en la Administración y generan incertidumbre entre los opositores que invierten tiempo y recursos económicos en su preparación.
Entre las medidas técnicas propuestas, la formación solicita garantizar la trazabilidad completa de las pruebas, la custodia segura de los exámenes y la publicación obligatoria de plantillas y criterios de corrección. Además, sugieren implantar controles tecnológicos para evitar el uso de dispositivos prohibidos y establecer un canal seguro de denuncia para aspirantes y miembros de los órganos de selección.
Finalmente, la proposición subraya la necesidad de regular de forma más estricta la externalización de determinadas fases de los procesos selectivos y la intervención de empresas privadas en la vigilancia y custodia de los exámenes. El objetivo, según el grupo proponente, es evitar que los aspirantes soporten las consecuencias de posibles negligencias administrativas en la gestión de las convocatorias públicas.
