La fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer propone un pacto de Estado para unificar las ayudas a los huérfanos de la violencia de género

La fiscal de sala jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha abogado este miércoles por la consecución de un pacto de Estado destinado a homogeneizar las ayudas y apoyos que reciben los menores huérfanos por violencia de género y los familiares que asumen su cuidado. Durante su participación en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, Peramato ha señalado que la disparidad actual de recursos impide que todas las familias afectadas cuenten con las herramientas económicas y psicológicas necesarias para afrontar estas situaciones.

La propuesta de la fiscal plantea un marco de colaboración estrecha entre la Administración central y las comunidades autónomas para que la asistencia se generalice a nivel nacional. En su intervención dentro del ciclo «Referentes en femenino singular», Peramato ha incidido en que la respuesta institucional no debe limitarse a la mujer, sino extenderse de forma efectiva a sus hijos. Asimismo, en lo relativo a la violencia vicaria, ha precisado que las indemnizaciones económicas son insuficientes si no van acompañadas de una labor integral para la recuperación personal de las víctimas.

En el ámbito institucional y de liderazgo, Peramato ha reflexionado sobre la arquitectura jurídica actual y la presencia femenina en la Administración de Justicia. Según los datos aportados, siete de cada diez fiscales en España son mujeres, una tendencia que consolida el peso femenino en el Ministerio Fiscal. No obstante, ha advertido sobre el riesgo de centrar el reconocimiento exclusivamente en las figuras visibles o «lideresas», instando a reivindicar el papel de las miles de mujeres anónimas que han trabajado históricamente en favor de la igualdad.

La fiscal ha hecho un llamamiento a combatir el negacionismo sobre la violencia de género, basándose en la evolución legislativa y estadística de los últimos 26 años. En este sentido, ha destacado los tres pilares normativos vigentes en el ordenamiento jurídico español: la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Sobre esta última, ha manifestado que supone un avance significativo al priorizar la prevención y no solo el carácter punitivo de la norma.

Para concluir su intervención, la representante del Ministerio Fiscal ha reclamado un incremento en la dotación de medios y una formación especializada más profunda para los operadores jurídicos, especialmente para el estamento judicial. Peramato ha advertido de que la saturación de determinados órganos judiciales ralentiza los procedimientos, un factor que resulta crítico en los asuntos de violencia de género, donde la eficacia de la justicia está directamente vinculada a su celeridad.