La Audiencia Nacional ordena el rastreo de 81 cuentas bancarias vinculadas al PSOE y a Gaspar Zarrías
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el rastreo de 81 cuentas bancarias en el marco de la investigación del denominado «caso Leire». La medida, adoptada a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afecta a depósitos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para interferir en causas judiciales que afectasen a la formación o al Ejecutivo.
Según el auto judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha dispuesto la apertura de una «pieza separada económica» para gestionar esta información. El magistrado justifica esta decisión debido al carácter sensible de los datos financieros solicitados y con el objetivo de evitar su difusión pública, garantizando así la reserva de las actuaciones en esta fase de la instrucción.
El requerimiento de información se ha dirigido a una docena de entidades bancarias. Estas deberán facilitar de manera detallada todos los movimientos y saldos registrados desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. Entre los objetivos de la investigación se encuentran seis cuentas relacionadas directamente con el PSOE, así como activos financieros de Zarrías, de los letrados investigados y de diversas sociedades mercantiles vinculadas a la trama, incluyendo el medio de comunicación Crónica Libre.
La investigación del «caso Leire» se centra en esclarecer si existió una estrategia coordinada para boicotear procedimientos judiciales. Las diligencias practicadas por la UCO buscan determinar si los fondos analizados guardan relación con gestiones destinadas a proteger los intereses del partido en distintos tribunales, extremo que los investigadores consideran clave para avanzar en la delimitación de responsabilidades penales.
Este nuevo paso procesal refuerza la vertiente económica de la causa, después de que los informes policiales señalaran la necesidad de auditar la trazabilidad financiera de los implicados. El magistrado Pedraz busca con este rastreo confirmar si los movimientos de capital coinciden con los hitos temporales de las presuntas maniobras de obstrucción que dieron origen a la investigación principal.
