Pospone inicio de negociaciones políticas entre el oficialismo venezolano y sector de la oposición bajo mediación de EE. UU.
El inicio de las mesas de negociación entre el Gobierno de Venezuela, encabezado por el sector vinculado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y una delegación de exdiputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, fue pospuesto durante el pasado fin de semana. El proceso, que cuenta con el respaldo y la mediación del Gobierno de los Estados Unidos, busca establecer una hoja de ruta para la estabilidad política y económica del país tras la salida del poder de Nicolás Maduro y los recientes eventos sísmicos del 24 de junio.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que los contactos iniciales se limitaron a una comunicación telefónica con la exdiputada Dinorah Figuera, quien reside en España y encabeza la representación opositora reconocida por Washington. Según el comunicado oficial emitido por Rodríguez, el proceso se define como un «diálogo político inclusivo y efectivo» centrado en tres ejes fundamentales: la atención a las víctimas del doble terremoto de junio, el fortalecimiento de la democracia y la revisión de derechos y garantías políticas.
La administración estadounidense, bajo la gestión de Donald Trump, ha consolidado su rol como actor determinante en la política interna venezolana. El Secretario de Estado, Marco Rubio, señaló recientemente que la prioridad de Washington se enfoca en la creación de un marco jurídico y normativo que garantice la seguridad de las inversiones internacionales. Rubio enfatizó que el objetivo final es facilitar una transición que genere prosperidad, vinculando la estabilidad económica con la normalización institucional del país.
El trasfondo de estas negociaciones incluye la demanda del gobierno venezolano para el levantamiento total de las sanciones internacionales. El oficialismo argumenta que la liberación de fondos y la eliminación de restricciones económicas son condiciones necesarias para gestionar la emergencia humanitaria derivada de los sismos. Por su parte, el control de los ingresos petroleros y de los activos venezolanos en el exterior permanece bajo la gestión indirecta de las autoridades estadounidenses, lo que añade una capa de complejidad a la agenda de discusión.
La representatividad de la delegación opositora ha sido objeto de análisis, dado que se trata de exdiputados pertenecientes a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, cuyo mandato legislativo original expiró hace años. A pesar de que el chavismo ha mantenido el control territorial e institucional a través de nuevas figuras como Delcy Rodríguez, quien ejerce una dirección política y militar activa, Estados Unidos mantiene su reconocimiento a la estructura de 2015 como interlocutor válido para la entrega de activos y la legitimación de los acuerdos.
En el ámbito interno, Venezuela atraviesa un periodo de reestructuración en su mando militar y político. Mientras la actual administración en Caracas busca reconocimiento internacional y legitimidad institucional, la comunidad internacional observa con cautela la disposición de los actores para alcanzar soluciones que incluyan garantías electorales y la alternabilidad en el poder. Por el momento, el Departamento de Estado ha reafirmado su compromiso de apoyar los esfuerzos que conduzcan a un futuro estable, supeditando el avance de las conversaciones al cumplimiento de los puntos acordados en la agenda preliminar.
