Los gestores administrativos solicitan al Gobierno flexibilizar la implantación de Verifactu y la factura electrónica
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha formalizado una petición al Gobierno para que se proceda a una revisión urgente de la normativa de implantación de los sistemas Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria. El colectivo profesional reclama la aplicación de criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal que permitan adaptar estas obligaciones tecnológicas a la estructura real de autónomos y micropymes, evitando cargas administrativas desproporcionadas para los pequeños negocios.
La propuesta surge ante el calendario establecido por la Administración, que fija el 1 de enero de 2027 como fecha límite para que los sujetos del Impuesto sobre Sociedades adapten sus sistemas, y el 1 de julio de 2027 para los trabajadores autónomos y el resto de los obligados tributarios. Los gestores advierten de que la normativa actual aplica un modelo uniforme que no distingue entre grandes corporaciones y pequeños establecimientos, a pesar de que las pymes representan el 99,8 % del tejido empresarial español.
Crítica al modelo de gestión uniforme
Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General, ha señalado que la tecnología actual permite a la Administración Tributaria segmentar a los contribuyentes según su nivel de riesgo. Bajo esta premisa, el colectivo considera injustificado que negocios con estructuras mínimas, como bares o peluquerías, deban soportar las mismas obligaciones tecnológicas que las multinacionales. Según los gestores, estas exigencias restan tiempo a la actividad productiva y a la generación de empleo en sectores donde el propio empresario asume todas las tareas de gestión.
El informe técnico elaborado por el Consejo destaca que, según las herramientas de información de la propia Agencia Tributaria, hechos excepcionales pueden activar obligaciones permanentes. Como ejemplo, citan el caso de un pequeño comercio que solo emite tiques, pero que se vería obligado a digitalizar de forma integral su sistema de facturación por el simple hecho de emitir una factura completa ocasional a una empresa por una comida de trabajo o un servicio puntual.
Efecto acumulado de las reformas
Otro de los puntos de preocupación para el colectivo es la coincidencia temporal de Verifactu con la implantación de la factura electrónica obligatoria. Los gestores administrativos advierten de que el Gobierno no ha evaluado de forma conjunta el impacto de ambas reformas, lo que generará un efecto acumulado de presión regulatoria sobre las pequeñas empresas que aún intentan recuperarse de contextos económicos adversos.
Desde el Consejo General aclaran que su postura no es contraria a la digitalización ni a la lucha contra el fraude fiscal. Al contrario, defienden el uso de la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración para implementar una «regulación inteligente» que sustituya el actual sistema rígido por uno que identifique perfiles de riesgo específicos, protegiendo así a los contribuyentes que cumplen habitualmente con sus deberes tributarios.
Propuestas de medidas correctoras
Ante este escenario, los gestores administrativos han trasladado tres propuestas principales al Ejecutivo. En primer lugar, la introducción de criterios objetivos en la norma que consideren el tamaño de la empresa, el volumen de actividad y la frecuencia en la emisión de facturas completas. En segundo lugar, solicitan la aplicación de exenciones selectivas, haciendo uso de la facultad legal de los Ministerios de Hacienda y Economía para exonerar a sectores específicos cuyo funcionamiento habitual pueda verse perturbado.
Finalmente, el colectivo insta a la realización de un estudio de impacto conjunto sobre los efectos de Verifactu y la factura electrónica antes de su entrada en vigor definitiva. El objetivo es valorar alternativas regulatorias más proporcionadas que aseguren la eficacia del control fiscal sin comprometer la viabilidad económica del segmento de las micropymes en España.
