El Tribunal de Cuentas advierte de un cumplimiento insuficiente en las recomendaciones sobre alta dirección pública
El Tribunal de Cuentas ha constatado que el grado global de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para corregir las deficiencias en la contratación y el régimen retributivo de los altos directivos del sector público estatal se sitúa en el 58,5%. Según el informe de seguimiento aprobado recientemente, más de cuatro años después de las primeras advertencias, numerosas entidades mantienen pendientes de ejecución 44 de las 115 valoraciones analizadas por el órgano fiscalizador.
La fiscalización, que evalúa a 21 organismos estatales entre los que se encuentran la SEPI, Navantia, Enaire o la CNMV, revela una implantación desigual de las medidas de control exigidas entre 2021 y 2022. El documento técnico señala que una parte significativa de las entidades solo comenzó a aplicar las correcciones una vez iniciada la nueva fase de control, lo que obligó al Tribunal a extender la evaluación de actuaciones hasta junio de 2026 para registrar los avances de última hora.
Entre las principales deficiencias persistentes destaca la ausencia de procedimientos específicos para la tramitación y liquidación de contratos de alta dirección en diversas organizaciones. El Tribunal subraya que todavía existen entidades que no han incorporado correctamente las retribuciones flexibles o en especie en sus contratos, ni han adaptado plenamente sus nóminas al modelo estandarizado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el informe incide en que los complementos variables en las empresas públicas siguen careciendo, en buena parte de los casos, de objetivos definidos y mecanismos objetivos de evaluación previa.
En el ámbito de la transparencia, el órgano fiscalizador advierte que el incumplimiento persiste en la publicación de estructuras organizativas, currículos de los máximos responsables y retribuciones detalladas en las páginas web institucionales. No obstante, el informe destaca un avance positivo en la documentación de los principios de publicidad, concurrencia y mérito en los procesos de designación, un área donde las cinco entidades afectadas han logrado cumplir con las exigencias normativas.
El desglose por organismos muestra disparidades acusadas en los niveles de adecuación. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) registra uno de los menores índices de cumplimiento, con un 33%, seguida por la Autoridad Portuaria de Castellón (20%) y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (29%). En el extremo opuesto, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) presenta un cumplimiento del 88%, mientras que el ICEX y el CDTI alcanzan el 86% y el 75%, respectivamente.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el limitado seguimiento de las actuaciones adicionales instadas al Gobierno por la Comisión Mixta para las Relaciones con el órgano fiscalizador. Hasta el momento, solo se considera cumplida una de las actuaciones propuestas, lo que evidencia que la reforma del marco retributivo y contractual de la alta dirección pública estatal continúa siendo un proceso pendiente de conclusión en gran parte del sector público empresarial.
