El Partido Popular ha intensificado su estrategia de fiscalización parlamentaria al ofrecer colaboración activa con las investigaciones internacionales sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un contexto marcado por la reconfiguración de las fuerzas políticas y la tramitación de nuevas reformas legislativas en materia de anticorrupción por parte del Ejecutivo central.
Alberto Núñez Feijóo ha reforzado su control sobre la estructura territorial del partido y ha movilizado a una parte sustancial de su grupo parlamentario para confrontar la gestión gubernamental. Esta ofensiva coincide con la publicación de indicadores electorales que sugieren un fortalecimiento del bipartidismo frente al estancamiento de Vox en diversas provincias, lo que redefine el escenario de cara a los próximos ciclos electorales.
En el ámbito legislativo, el Gobierno ha impulsado modificaciones en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y la ley anticorrupción. Sin embargo, estas medidas han suscitado críticas por la posible desactivación de mecanismos de control institucional. Paralelamente, se han detectado irregularidades en la gestión de fondos europeos, con una ejecución presupuestaria en el Ministerio de Transportes que apenas alcanza el 40% de lo asignado para 2025, y cuestionamientos sobre el fraccionamiento de pagos en el rescate de Air Europa por parte de la SEPI.
La actividad judicial también marca la agenda institucional con las investigaciones de la UDEF en Córdoba sobre el entorno del expresidente Zapatero y el desarrollo del juicio a la familia Pujol en Cataluña. En esta comunidad autónoma, el foco se centra además en nuevas irregularidades detectadas en la asignación de plazas públicas vinculadas a la DGAIA, sumándose a un descenso en el volumen de negocio comercial registrado durante el último periodo festivo.
En el plano socioeconómico, el debate se traslada a la elevada presión fiscal sobre el trabajo, donde el coste laboral para las empresas contrasta con el salario neto percibido por los empleados. Asimismo, el organismo público Correos deberá asumir la gestión de los procesos de regularización migratoria en un escenario de limitación de recursos técnicos y humanos.
Finalmente, en materia de política exterior, la posición de España ante la entrada de países como China, Cuba e Irán en órganos sensibles de la ONU ha generado debate parlamentario. Este posicionamiento coincide con un desplazamiento de la inversión estadounidense hacia mercados competidores como Marruecos, motivado por la percepción de inestabilidad en el marco inversor nacional.
