Contexto procesal y objeto del recurso
La representación letrada de Alberto González Amador ha presentado un recurso frente a la negativa judicial de practicar determinadas pruebas que, a su juicio, son indispensables para articular una defensa plena. La impugnación cuestiona la resolución que denegó la incorporación de tres diligencias concretas durante la instrucción.
Qué pruebas solicita la defensa y por qué importan
Los defensores piden la realización de un informe tributario pericial y la declaración de dos testigos que, según sostienen, pueden acreditar la autenticidad de facturas vinculadas a servicios profesionales prestados en el extranjero. Estas diligencias pretenden aportar elementos de hecho capaces de modificar la valoración probatoria previa.
- Informe técnico sobre la naturaleza y valoración fiscal de las facturas.
- Testimonio de un coordinador del proyecto exterior que supervisó los trabajos.
- Declaración de una persona de la entidad contratante que confirme la recepción de servicios.
Impacto práctico de las pruebas solicitadas
Si los testimonios y el peritaje confirman la prestación efectiva de servicios, se podría cuestionar la existencia de un ilícito tributario. Además, la incorporación de un informe especializado suele clarificar la forma en que se deberían haber practicado los ajustes fiscales, lo que puede alterar la calificación jurídica de los hechos.
Análisis jurídico: proporcionalidad y derecho de defensa
La discusión central gira en torno a la proporcionalidad entre la necesidad de las pruebas y la celeridad del procedimiento. En materia penal-fiscal, los tribunales habitualmente ponderan si la denegación vulnera la presunción de inocencia o el acceso efectivo a medios de prueba.
La estrategia de defensa expone que, sin esas diligencias, resulta imposible conocer hechos relevantes sobre operaciones internacionales —por ejemplo, contratos y órdenes de trabajo— y, por tanto, evaluar correctamente la imputación.
Perspectiva comparada y riesgos procesales
En otros procedimientos vinculados a delitos económicos, la apertura a pruebas periciales y testimoniales ha sido determinante para revocar calificaciones iniciales. La ausencia de evidencia directa sobre actividad real en el exterior suele ser un factor que genera incertidumbre en la fase de instrucción.
Por último, la resolución del recurso tendrá efecto práctico sobre la apreciación de la liquidación tributaria y la posible imputación penal. La admisión de las tres diligencias solicitadas podría forzar a la Administración a reevaluar su postura sobre los ajustes impuestos.
Nota sobre extensión: el texto original tenía aproximadamente 330 palabras; este artículo presenta una extensión similar, con un enfoque analítico y elementos nuevos para contextualizar la controversia.
