Investigación Judicial y Autodefensa en el Supremo
El Tribunal Supremo ha sido el escenario de una reciente comparecencia del eurodiputado Alvise Pérez, quien se ha presentado voluntariamente para abordar una querella interpuesta por dos antiguos compañeros de lista en las elecciones europeas. Ante el magistrado instructor, Manuel Marchena, Pérez reconoció haber emitido mensajes relacionados con Diego Solier y Nora Junco, los querellantes, aunque enfáticamente negó que su intención fuera ejercer acoso. Esta acción de presentarse sin esperar la tramitación de la inmunidad parlamentaria marca un punto de interés en el proceso.
Desde su perspectiva, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) ha manifestado una firme convicción en su inocencia. Al finalizar su declaración, Pérez expresó ante los medios su certeza de que el caso será archivado, argumentando que él mismo posee conocimiento completo de los hechos, lo cual, según sus palabras, le reafirma en su posición.
La Delgada Línea entre Crítica Política y Hostigamiento Digital
El meollo de la controversia radica en la compleja distinción entre el ejercicio de la libertad de expresión, fundamental en cualquier democracia, y los actos que pueden ser catalogados como acoso o revelación de secretos. La Sala de lo Penal del Supremo considera que la conducta de Pérez podría encajar en estas figuras delictivas. La clave está en si hubo llamadas explícitas, ya sea en un pódcast o a través de su canal de Telegram, a que un número significativo de seguidores manifestara una actitud hostil y reiterada contra los dos eurodiputados.
La investigación se centra en determinar si Pérez pudo haber facilitado y hecho públicos datos personales e identificativos de Solier y Junco. De ser así, se evaluaría si esta acción buscaba comprometer de manera significativa el desarrollo normal de la vida cotidiana de los afectados, instigando a una persecución por parte de su base de seguidores como respuesta a sus posturas políticas. Este caso plantea un precedente importante sobre la responsabilidad de los líderes de opinión en el entorno de los medios digitales.
El Relato de las Víctimas: Consecuencias del Acoso Denunciado
Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes posteriormente abandonaron el partido de Pérez para unirse al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos liderado por Giorgia Meloni, han detallado un calvario de hostigamiento. Según su testimonio, fueron objeto de una incesante campaña a través de plataformas digitales, que incluyó la revelación de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales. Esto, afirman, desencadenó una avalancha de mensajes ofensivos y amenazantes.
Las consecuencias de esta situación fueron profundas. Ambos han relatado sentir un temor constante por su integridad física y una sensación de inseguridad que les obligó a modificar sus hábitos y rutinas diarias. Tuvieron que cerrar algunas de sus redes sociales, limitar la interacción en otras, e incluso dejaron de atender llamadas de números desconocidos. La recepción de «miles» de correos electrónicos con insultos y amenazas se volvió una constante, afectando su vida personal y su capacidad para desempeñar su labor parlamentaria con normalidad.
El Amplio Espectro de Causas Legales de Alvise Pérez
La comparecencia por presunto acoso a eurodiputados no es el único frente legal abierto para Alvise Pérez en el Tribunal Supremo. Su situación judicial es más compleja, ya que cuenta con al menos otras tres investigaciones en curso. Una de ellas se relaciona con la difusión de una supuesta prueba PCR falsa del exministro de Sanidad, Salvador Illa, un incidente que generó considerable controversia pública.
Otro caso significativo es el que le vincula al presunto acoso a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, un tipo de acusación que subraya las preocupaciones sobre la conducta en línea. Finalmente, existe una investigación sobre la supuesta financiación ilegal de SALF, el partido que lidera, relacionada con una donación de 100.000 euros por parte del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’. Estas múltiples causas dibujan un perfil de constante fricción con la justicia.
Reflexiones sobre la Comunicación Política en la Era Digital
El caso de Alvise Pérez pone de manifiesto los desafíos inherentes a la comunicación política en la era digital. La facilidad con la que los mensajes pueden viralizarse y la inmediatez de la interacción en plataformas como Telegram o los pódcasts, aunque ofrecen una vía directa de conexión con el público, también pueden ser terreno fértil para el hostigamiento. Las palabras de Pérez en un pódcast, donde instaba a «perseguidles y pedidles explicaciones» o a «gritarle en un bar que eres un criminal», ilustran la delgada línea entre la crítica política mordaz y lo que la ley podría interpretar como una incitación al acoso.
Este episodio judicial invita a una reflexión profunda sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el manejo de su discurso y el impacto que este tiene en sus seguidores. La protección de la libertad de expresión es vital, pero no puede ser absoluta cuando entra en conflicto con el derecho de los individuos a la intimidad, la seguridad y a no ser objeto de campañas de difamación o intimidación. El desenlace de esta querella, junto con las otras causas pendientes, sentará precedentes sobre cómo el sistema judicial español abordará el delicado equilibrio entre estos derechos fundamentales en el entorno digital.
