Resumen ejecutivo y alcance del hallazgo
La Oficina Anticorrupción de la Comunidad Foral ha emitido un dictamen que determina la existencia de defectos relevantes en el proceso de adjudicación del túnel de Belate, que llevaron a proponer su anulación. El expediente concierne a una UTE adjudicataria integrada por empresas vinculadas a personas con conexiones político-privadas, lo que ha reabierto el debate sobre la integridad de la contratación pública en la región. Aproximadamente 930 palabras tiene el texto original del que partimos para elaborar este análisis.
Fallas técnicas del procedimiento de selección
El informe revela que la formación de la voluntad colectiva en la mesa de contratación estuvo contaminada por prácticas que vulneran principios básicos de la contratación pública: conocimiento previo de puntuaciones, votaciones ajustadas tras intercambios informales y criterios cualitativos poco detallados. Estas deficiencias reducen la garantía de igualdad entre licitadores y dificultan el control externo del proceso.
Desde una perspectiva administrativa, cuando una decisión colegiada aparece influida por información previa a la deliberación —o por la posibilidad de que un miembro conozca los apoyos ajenos— se compromete la imparcialidad del órgano. La normativa administrativa contempla la nulidad de actos afectados por vicios esenciales; aquí la recomendación de anular la propuesta de adjudicación responde precisamente a esa lógica de protección del procedimiento.
Impacto institucional y riesgos para el erario
La consecuencia inmediata de una anulación es la necesidad de repetir trámites: nuevas valoraciones, posible recurso de los interesados y, en su caso, rehabilitación contractual. Eso suele traducirse en retrasos y sobrecostes. Estudios comparativos sobre contratación pública regional muestran que relicitaciones por vicios formales pueden incrementar el coste final entre un 5 % y 12 % cuando se incorporan penalizaciones y ajustes técnicos.
Además, existe un efecto reputacional para la Administración que puede afectar la confianza ciudadana y la atracción de empresas competidoras en futuras licitaciones, con el consiguiente riesgo de menor concurrencia y menor presión sobre precios.
Factores humanos y normativos que favorecieron el resultado
Determinadas decisiones administrativas —como posponer el retiro de un técnico clave o articular excepciones en la normativa para mantener su actividad— crean ventanas de oportunidad que, sumadas a procedimientos imprecisos, pueden facilitar resultados sesgados. La combinación de incentivos personales y reglas poco exigentes en la definición de criterios cualitativos es un cóctel peligroso para la transparencia.
Medidas prácticas para reforzar la contratación pública
- Documentación obligatoria de todas las deliberaciones con firma electrónica y sellado temporal.
- Desagregación y ponderación clara de los criterios cualitativos antes de la apertura de ofertas.
- Limitación de la permanencia en mesas de contratación mediante rotaciones y plazas temporales.
- Auditorías externas previas a la adjudicación en proyectos de gran cuantía.
- Protocolos de comunicación interna que sancionen el intercambio de puntuaciones antes de la votación.
Estas soluciones combinan medidas tecnológicas, como el uso de registros inmutables, con reformas organizativas que reducen la influencia individual en decisiones colegiadas.
Comparaciones útiles y errores a evitar
En otras administraciones regionales se han detectado problemas similares: adjudicaciones de grandes infraestructuras anuladas por omisiones en los pliegos o por comportamientos irregulares en los órganos de valoración. En un ejemplo reciente fuera de esta jurisdicción, la repetición de un concurso de rehabilitación de un puente provocó un retraso de dos años y una revisión técnica que elevó el presupuesto inicial en torno a un 10 %.
La lección recurrente es que la prevención resulta más barata que la corrección: invertir en sistemas de control y en definición rigurosa de criterios evita litigios, pérdidas presupuestarias y desgaste político.
Consecuencias legales y pasos que siguen
La propuesta de anulación que plantea la Oficina Anticorrupción abre caminos administrativos —la nulidad del acto y la tramitación de un nuevo expediente— y puede activar investigaciones penales si se detectan indicios de delito. Independientemente del curso judicial, la prioridad inmediata para la Administración debe ser garantizar la continuidad del servicio público y minimizar el impacto presupuestario mediante planes de contingencia.
Conclusión: restaurar confianza mediante transparencia operativa
El caso del túnel de Belate pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control cuando las reglas no se aplican con rigor. Restaurar la transparencia exige tanto correcciones puntuales —anulación y relicitación si procede— como reformas estructurales: mejores pliegos, rotación de jurados, auditorías independientes y trazabilidad digital de las decisiones. Solo así se puede reducir el riesgo de repetir situaciones que cuestan dinero público y erosión de la confianza ciudadana.
