Motivos legales detrás del recurso ante el Supremo
El Ejecutivo balear ha llevado al Tribunal Supremo una petición urgente para frenar la puesta en marcha del Real Decreto 743/2025. La reclamación no solo cuestiona el contenido del reglamento, sino el procedimiento: la comunidad alega que la norma carece del informe administrativo que la ley exige, lo que podría viciar su validez desde el inicio. En este punto confluyen argumentos administrativos y de protección de menores, ya que la medida solicitada pretende detener de inmediato los traslados de menores programados mientras se resuelve el fondo del litigio.
Cómo afecta la norma a la capacidad de acogida
La Conselleria advierte de una presión estructural sobre los recursos de acogida. Según datos autonómicos recientes, el archipiélago dispone de alrededor de 90 plazas ordinarias en centros públicos, mientras que la cifra de menores atendidos supera los 600, lo que sitúa la ocupación en niveles insostenibles y obliga a recurrir a soluciones improvisadas. Esa realidad tiene consecuencias prácticas: empeora las condiciones asistenciales y reduce la ratio de profesionales por niño, con el consiguiente riesgo para la calidad de la atención.
Opciones prácticas y costos de no actuar
Si el Supremo no concede la suspensión cautelar, los traslados planificados podrían materializarse y agravar defectos organizativos. Entre las alternativas que proponen las autoridades figuran acuerdos temporales con ONG y la habilitación de alojamientos de emergencia, medidas que implican costes y tiempo de implementación. Desde la óptica jurídica, permitir los traslados sin la debida garantía administrativa aumenta la probabilidad de que una sentencia posterior quede sin efecto práctico, generando un perjuicio difícil de revertir.
- Crear plazas temporales con estándares mínimos de protección.
- Coordinar redistribución con otras comunidades autónomas.
- Refuerzo de plantillas y formación específica para el personal.
Balance: proteger sin saltarse las reglas
El conflicto ilustra la tensión entre la necesidad de respuestas inmediatas ante la sobresaturación y la obligación de respetar los trámites administrativos. La decisión del Tribunal Supremo marcará si prima la cautela para preservar recursos y derechos o si se prioriza la ejecución inmediata de la normativa estatal. En cualquier supuesto, las autoridades locales piden soluciones que garanticen el interés superior del menor sin sacrificar la seguridad jurídica.
