Un debate sobre cifras y prioridades: ¿por qué genera tanta controversia el 5%?
La propuesta de elevar el presupuesto militar hasta el 5% del PIB por parte de algunos actores ha reavivado un enfrentamiento entre quienes defienden un aumento drástico y quienes piden cautela. Más allá de las posiciones retóricas, conviene analizar si esa cifra responde a necesidades reales o a presiones externas y cómo encaja en las prioridades sociales y económicas de cada país.
En términos agregados, el gasto promedio entre las alianzas transatlánticas se sitúa en torno al 2–3% del PIB, con variaciones importantes según el tamaño y la estructura industrial de cada Estado. Subir al 5% implica redistribuir recursos desde sectores como educación, salud o transición energética, lo que obliga a debatir la eficiencia y la coherencia de esa meta.
Costes, eficiencia y alternativas a un incremento uniforme
Un aumento unilateral del gasto no garantiza mejores capacidades: sin coordinación, puede generar duplicidades y adquirir equipos incompatibles entre aliados. La opción más sensata desde el punto de vista estratégico es combinar cierto incremento con una planificación conjunta que priorice interoperabilidad, adquisición conjunta y cadenas de suministro europeas.
- Invertir en capacidades compartidas (p. ej., vigilancia marítima común) suele ofrecer más retorno que compras aisladas.
- Crear fondos europeos para I+D en defensa puede reactivar la industria estratégica local.
- Establecer criterios claros de eficiencia y transparencia reduciría el riesgo de gasto inflado sin resultados operativos.
Amenazas contemporáneas: ampliar la mirada más allá del tonelaje bélico
Las amenazas actuales combinan elementos convencionales y no convencionales. Además de tensiones interestatales, emergen riesgos como la desinformación a gran escala, los ataques a infraestructuras críticas y el chantaje digital. Responder a estos desafíos exige inversión en ciberdefensa, inteligencia y resiliencia cívica, no solo en plataformas militares pesadas.
Por ejemplo, incidentes en rutas marítimas comerciales y campañas de manipulación en redes sociales han mostrado que la seguridad económica y la integridad de procesos democráticos están en juego. Por tanto, el debate debe incorporar medidas para proteger cadenas logísticas, sistemas de comunicación y procesos electorales.
Recomendaciones prácticas para una política de defensa sostenible
Una política eficaz debería combinar incremento presupuestario realista con reformas institucionales. Entre las prioridades:
- Fomentar compras conjuntas entre varios países para reducir costes unitarios.
- Destinar parte del presupuesto a ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
- Impulsar programas de formación y retención de personal especializado en defensa y tecnología.
- Medir resultados mediante indicadores operativos, no solo cuantitativos.
Al final, la discusión sobre alcanzar el 5% del PIB no debe transformarse en una consigna automática. Es preferible evaluar capacidades, prioridades y coordinación regional para que el aumento del gasto se traduzca en una defensa más eficaz y sostenible, compatible con otras políticas públicas.