Una propuesta fiscal en marcha y sus puntos clave
El Parlamento ha iniciado la tramitación de una iniciativa que plantea conceder una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada persona diagnosticada con enfermedad celíaca, junto con la creación de un registro estatal de pacientes. La medida busca aliviar el coste adicional asociado a una dieta sin gluten, pero abre un debate sobre su diseño, impacto presupuestario y alternativas más eficientes.
Impacto económico estimado para hogares y las cuentas públicas
Para dimensionar el alcance hay que combinar dos variables: el número de beneficiarios y el ritmo de utilización del beneficio. Considerando una prevalencia aproximada del 1% en la población, en España podría haber en torno a 470.000 personas afectadas. Si todas ellas solicitaran la deducción de 600 euros, el coste anual bruto para las arcas públicas rondaría los 270 millones de euros. En la práctica, la cifra real dependerá de la tasa de declaración y de si la administración limita o complementa el importe.
Desde la perspectiva familiar, distintos estudios de mercado revelan que los productos sin gluten suelen tener un precio superior al de sus equivalentes convencionales, con sobrecostes medios que varían entre €600 y €1.000 al año según el perfil de consumo. Además, algunos artículos especializados pueden costar hasta 2,5 veces más que versiones habituales, lo que carga más a hogares con dietas estrictas.
Equidad: por qué una cuantía fija puede no ser la solución más justa
Una ayuda uniforme de 600 euros trata por igual situaciones muy diferentes. Un hogar con renta elevada y acceso a amplias opciones de compra no siente el mismo efecto que una familia con bajos ingresos o una persona jubilada con pensión limitada. Por ello, desde un enfoque redistributivo conviene valorar alternativas que prioricen a quienes afrontan mayores dificultades económicas.
- Beneficio contributivo y modulable: deducción proporcional según renta.
- Pago directo o bonos alimentarios para productos sin gluten, dirigidos a hogares vulnerables.
- Créditos fiscales reembolsables para independencia frente a la obligación de hacer declaración de la renta.
Registro nacional: ventajas, riesgos y alternativas técnicas
La creación de un registro estatal de pacientes tiene como objetivo centralizar información epidemiológica y facilitar políticas sanitarias. Sin embargo, existen retos: duplicación de bases de datos, protección de datos personales y coordinación entre comunidades autónomas. Los sistemas ya existentes en Atención Primaria podrían mejorarse antes de levantar un nuevo fichero.
Una alternativa técnica sería potenciar el intercambio seguro de información clínica entre comunidades y ampliar los códigos diagnósticos en historias clínicas electrónicas, acompañado de protocolos actualizados para diagnóstico y seguimiento. Esto reduciría costes administrativos y minimizaría riesgos de fragmentación.
Escenarios prácticos: quién ganaría y quién podría quedar fuera
Analicemos tres perfiles para ilustrar el efecto real de la medida:
- Un hogar de rentas altas que ya declara: recibiría la deducción de 600 euros pero su alivio relativo sería menor frente a su presupuesto global.
- Una madre trabajadora con un hijo celíaco y renta baja: el beneficio puede mejorar su capacidad de compra, aunque si no declara la renta podría no percibirlo sin mecanismos reembolsables.
- Un pensionista con pocos ingresos: la deducción solo resulta útil si su base imponible permite aplicarla; de lo contrario, no beneficiaría plenamente.
Propuestas para afinar la iniciativa
Para que la ayuda sea eficaz y justa conviene incorporar ajustes antes de su aprobación definitiva. Entre las opciones a valorar destacan:
- Hacer la deducción progresiva según renta o convertir parte de ella en una ayuda directa para hogares con bajos ingresos.
- Establecer un mecanismo reembolsable para quienes no presentan declaración de la renta.
- Integrar el registro con sistemas sanitarios existentes y asegurar salvaguardas de privacidad.
- Evaluar la opción de reducir el IVA o negociar precios de productos esenciales sin gluten como complemento a la deducción.
Conclusión: una medida con potencial, pendiente de diseño
La iniciativa de introducir una deducción IRPF de 600 euros y un registro nacional sitúa sobre la mesa una respuesta concreta al sobrecoste que afrontan las personas celíacas. No obstante, su eficacia dependerá de detalles técnicos: quiénes pueden cobrarla, cómo se articulan los controles y si se evitan duplicidades administrativas. Un diseño que combine apoyo directo a hogares vulnerables, compatibilidad con la declaración tributaria y uso racional de los registros sanitarios aumentaría la probabilidad de lograr un beneficio real y equitativo.
