¿Cuántas personas forman el equipo cercano y por qué importa?
El núcleo de asistencia presidencial en Moncloa alcanza cifras que llaman la atención: en torno a 1.200 puestos entre cargos temporales y nombramientos discrecionales. Más allá del dato bruto, lo relevante es el impacto administrativo, presupuestario y simbólico de mantener una estructura tan amplia alrededor del Ejecutivo.
Costes y una aproximación económica
Si se proyecta un coste medio anual por puesto de confianza —incluyendo sueldo, complementos y cargas sociales— en torno a 60.000 euros, la factura agregada se sitúa en decenas de millones al año. Ese cálculo permite visualizar cómo el personal de confianza puede absorber recursos que de otra forma irían a programas públicos o a consolidación de plantilla funcionarial.
Estructura funcional: quién hace qué
La plantilla próxima al presidente no es homogénea: conviven asistentes administrativos, responsables de comunicación, analistas políticos, equipos logísticos y unidades de seguridad y protocolo. Cada bloque cumple funciones concretas, desde coordinar desplazamientos hasta preparar mensajes para comparecencias, lo que genera dependencias transversales dentro del Palacio.
Por ejemplo, las labores de protocolos y discursos pueden ocupar varias decenas de personas cuya tarea es afinar la presencia pública del jefe del Ejecutivo; otras decenas se dedican a la atención ciudadana y a la gestión de documentación sensible que requiere control permanente.
Comparaciones internacionales y lecciones
En otros gobiernos europeos, las oficinas ejecutivas han optado por estructuras más compactas o por integrar asesores en ministerios sectoriales. La tendencia a externalizar funciones técnicas y reforzar equipos propios no es universal; algunos países priorizan reducir plazas de confianza y profesionalizar determinados puestos mediante concursos públicos.
Una lección práctica es que la especialización puede rebajar costes: al sustituir puestos redundantes por expertos con contratos temporales en proyectos concretos se logra mayor eficiencia sin sacrificar continuidad operativa.
Riesgos institucionales y de transparencia
Una estructura amplia de nombramientos discrecionales plantea retos de transparencia y rendición de cuentas. Cuando la provisión de plazas obedece más a afinidades que a procesos abiertos, se debilita la percepción pública sobre el mérito y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
Además, la coexistencia de personal eventual con funcionarios de carrera puede complicar la gestión interna y las líneas de responsabilidad, especialmente en áreas sensibles como seguridad, información y viajes internacionales.
Propuestas prácticas para mejorar la gestión
- Establecer límites razonables al número de puestos de confianza por departamento.
- Crear listados públicos y actualizados de funciones para cada nombramiento.
- Promover procesos competitivos para puestos de responsabilidad técnica.
- Introducir revisiones periódicas de coste-beneficio de equipos de apoyo.
- Fomentar la movilidad entre la administración y equipos ministeriales con períodos de evaluación.
Estas medidas no buscan desmantelar el apoyo necesario a la acción de gobierno, sino orientar la administración hacia una gestión más eficiente y transparente, reduciendo duplicidades y mejorando la profesionalización.
Casos ilustrativos distintos
En la experiencia de otras administraciones, la implantación de unidades de trabajo por proyectos ha permitido, por ejemplo, reducir el personal estable dedicado a eventos internacionales concentrando funciones en equipos temporales con perfiles técnicos. Otro ejemplo práctico es la externalización controlada de funciones logísticas durante cumbres, que evita mantener plantillas fijas sobredimensionadas.
Conclusión: equilibrio entre confianza y eficiencia
Tener un equipo cercano al presidente es inevitable en cualquier democracia, pero el reto consiste en compatibilizar esa necesidad con criterios de eficacia, ahorro y transparencia. Revisar la composición, justificar cada puesto y aplicar auditorías reales son pasos que pueden reconciliar la exigencia de apoyo político con el interés público en la buena administración.
