¿En qué se han empleado los fondos y por qué suscitan críticas?
Desde 2018, el Gobierno español ha movilizado más de 164 millones de euros hacia programas bilaterales y proyectos de control fronterizo en países emisores. Gran parte de ese presupuesto se ha destinado a suministrar equipamiento, formación de cuerpos de seguridad y asistencia técnica para la gestión migratoria. Sin embargo, expertos y parte de la opinión pública cuestionan si esos desembolsos se traducen en una reducción sostenida de llegadas irregulares.
Resultados empíricos y vacíos en la evaluación
Los datos oficiales registran más de 300.000 entradas irregulares en el periodo reciente, con picos anuales que superaron las 60.000 llegadas. Estas cifras ponen en entredicho la relación directa entre inversión y disminución de flujos. Una explicación posible es que se priorizan medidas operativas inmediatas —como patrullas o drones— sin mecanismos robustos de monitoreo y evaluación que midan impacto a medio plazo.
Además, existe un déficit de indicadores claros: ¿se evalúa la capacidad real de los países receptores para gestionar personas devueltas?, ¿hay auditorías independientes sobre el uso del material entregado? Sin transparencia en estos puntos, es difícil determinar la efectividad de las intervenciones.
Alternativas de política: del control a la prevención estructural
Para aumentar la rentabilidad social de los fondos, conviene complementar la cooperación en seguridad con medidas de desarrollo que ataquen causas profundas: empleo local, formación técnica, y proyectos de resiliencia climática en zonas rurales. Países como Cabo Verde y Níger, por ejemplo, han experimentado modelos mixtos —combinando infraestructuras de vigilancia con programas de empleo juvenil— que podrían servir de referencia.
- Programas de movilidad laboral legal controlada con garantías sociales.
- Financiación a iniciativas empresariales locales para crear alternativas económicas al tránsito irregular.
- Proyectos conjuntos de adaptación climática que reduzcan la presión migratoria en áreas sensibles.
Estas líneas deberían acompañarse de cláusulas de rendición de cuentas en los acuerdos: auditorías periódicas, métricas compartidas y participación de organizaciones de derechos humanos.
Coste-beneficio y recomendaciones concretas
Invertir en material y formación puede dar resultados operativos a corto plazo, pero sin evaluación ex ante y ex post el riesgo es financiar respuestas que no reducen las causas estructurales. Recomendamos:
- Condicionar desembolsos a indicadores verificables de gestión migratoria y respeto a derechos humanos.
- Destinar al menos un 30% de nuevos fondos a proyectos socioeconómicos en zonas emisoras.
- Crear un mecanismo independiente de seguimiento con participación de la UE y ONG internacionales.
Balance provisional y riesgos hacia adelante
Los primeros signos de caída en las llegadas durante 2025 —una reducción aproximada de un tercio respecto al año anterior si las tendencias continúan— sugieren que algunas medidas están teniendo efecto. No obstante, la sostenibilidad depende de una estrategia mixta que combine seguridad, desarrollo y transparencia.
Sin cambios en la forma de evaluar y orientar los recursos, existe el peligro de repetir inversiones costosas que solo trasladan el problema en el tiempo. En suma, la política debe pasar de financiar exclusivamente instrumentos de control a apostar por soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad y ofrezcan alternativas reales a la migración irregular.
