Qué cambia en la responsabilidad de quienes contratan personal doméstico
Desde noviembre de 2025 se refuerzan las obligaciones legales para las personas que emplean a trabajadoras domésticas: el hogar deja de ser un espacio exento y pasa a requerir una evaluación de riesgos actualizada. Esto transforma la relación laboral cotidiana: no solo basta con dar de alta y pagar cotizaciones, sino que surge la necesidad de documentar condiciones, adoptar medidas preventivas y conservar registros.
Paso a paso para cumplir con la evaluación
Las familias pueden seguir un proceso ordenado para adaptar su vivienda al nuevo marco. La clave es identificar riesgos, aplicar medidas sencillas y conservar evidencia documental que muestre cumplimiento. A continuación, un esquema práctico.
- Realizar un chequeo inicial de las zonas de trabajo (cocina, baño, planchado, escaleras) y anotar situaciones peligrosas.
- Registrar las tareas habituales de la empleada: limpieza, acompañamiento, cocina, cuidado de menores o mayores.
- Establecer medidas claras: sustitución de químicos, señalización de suelos resbaladizos, organización del almacenaje.
- Generar y guardar un documento firmado que describa el diagnóstico y las acciones preventivas.
Medidas concretas y ejemplos prácticos
Algunas mejoras no requieren inversión significativa. Por ejemplo, en un piso con acceso por varias escaleras, la colocación de pasamanos y luces automáticas reduce caídas; en hogares que emplean productos de limpieza concentrados, se recomienda trasvasarlos a envases con dosis y etiquetado. Si la trabajadora realiza cuidado de personas dependientes, conviene disponer de procedimientos básicos de levantamiento y movilización para evitar lesiones.
Otro ejemplo: en viviendas con mascotas grandes, fijar zonas de trabajo libres de animales y almacenar comidas y medicamentos bajo llave evita incidentes. Para tareas de planchado, un tapete antideslizante y un apoyo estable para la tabla reducen riesgos de quemaduras.
Implicaciones económicas y legales: a qué atenerse
El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas que varían según la gravedad y la intención. Además de multas, en caso de accidente sin evaluación previa el empleador podría asumir coste íntegro del daño y sufrir recargos en prestaciones. En escenarios de negligencia grave también existen posibles consecuencias penales. Por ello, la prevención no es solo una obligación administrativa sino una salvaguarda legal.
Acceso a la evaluación y soporte técnico
El procedimiento oficial ofrece vías de ayuda que permiten generar un informe con validez administrativa mediante cuestionarios guiados. Es recomendable que las familias impriman o guarden en formato digital el documento resultante y entregue una copia a la trabajadora. Mantener registros facilita responder ante inspecciones y demostrar la implantación de medidas.
Impacto en el mercado doméstico y consideraciones sociales
La nueva regulación llega en un contexto de ajuste del mercado: la oferta de empleo doméstico ha disminuido en los últimos años y muchos hogares han reducido horas contratadas por motivos económicos. Al mismo tiempo, el sector sigue siendo mayoritariamente femenino, lo que plantea retos de equidad y protección social. La obligación de evaluar riesgos contribuye a reconocer la profesionalidad de estas labores, pero también añade cargas administrativas para familias con recursos limitados.
Recomendaciones para hogares con menos recursos
Para minimizar costes y errores administrativos, conviene aprovechar recursos públicos y formación básica. Algunos consejos útiles:
- Documentar solo lo esencial: identificación de tareas, riesgos clave y medidas prioritarias.
- Implantar soluciones de bajo coste: ventilación natural, orden y etiquetado de productos.
- Programar una breve sesión de instrucción con la trabajadora para revisar normas de seguridad.
- Guardar recibos o fotografías que prueben mejoras realizadas (compra de calzado de seguridad, por ejemplo).
Salud laboral y reconocimientos médicos
La normativa contempla el seguimiento de la salud de las trabajadoras. Está previsto el acceso a revisiones médicas periódicas sin coste directo para ellas; las familias deben facilitar la asistencia, aunque no tendrán acceso a los resultados médicos. Este planteamiento protege la privacidad de la trabajadora y permite detectar riesgos laborales específicos.
Conclusión práctica
La obligación de evaluar los riesgos en el domicilio transforma obligaciones y expectativas: protege a las empleadas, profesionaliza el empleo doméstico y exige a las familias implantar medidas básicas de seguridad. Adoptar un enfoque ordenado y documentado evita multas y mejora las condiciones laborales. Con pasos simples y el uso de herramientas guiadas, es posible cumplir la normativa sin convertir el hogar en una carga administrativa insostenible.
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