Un giro en la política regional: de la regulación al enfoque preventivo
La Xunta ha impulsado una norma que restringe la comercialización de vapeadores y bebidas energéticas entre la población menor de edad, además de ampliar los espacios donde queda prohibido fumar. Más allá de la prohibición en sí, este cambio anuncia una estrategia que prioriza la prevención y la intervención temprana frente a conductas adictivas, lo que plantea nuevos interrogantes sobre su ejecución y eficacia.
Razones sanitarias y evidencias detrás de la iniciativa
Los responsables políticos alegan que tanto los dispositivos de vapeo como las bebidas con alto contenido estimulante representan riesgos especiales para el desarrollo de adolescentes. Encuestas recientes apuntan a una experimentación juvenil con estos productos que oscila entre el 20% y el 30% en determinados colectivos, una cifra que preocupa a las autoridades por sus implicaciones en el sueño, la salud cardiovascular y la aparición de conductas impulsivas.
La propuesta entiende el problema en clave amplia: no se limita a sustancias con efectos farmacológicos, sino que abarca comportamientos de alto uso de pantallas y ocio que pueden convivir con el consumo de sustancias, configurando un panorama de riesgo multifactorial.
Obstáculos prácticos para aplicar la prohibición
Imponer la prohibición no es solo una decisión política: exige mecanismos de verificación, inspección y sanción que funcionen en la práctica. Pequeños comercios y estancos necesitan protocolos claros para comprobar la edad; sin ello, la norma puede quedar en letra muerta o empujar la oferta hacia canales informales.
- Formación específica para dependientes sobre control de acceso.
- Sistemas tecnológicos para la verificación instantánea de la mayoría de edad.
- Campañas de inspección coordinadas por la administración autonómica.
Si no se acompaña de recursos, la inspección y la imposición de sanciones podrían recaer desproporcionadamente en el ámbito local, lo que genera tensiones sobre competencias y financiación.
Impacto en el comercio y riesgo de mercados alternativos
Comerciantes y distribuidores señalarán una reducción potencial de ventas, sobre todo en establecimientos que apoyaban su facturación en productos de impulso. Esto obliga a explorar modelos de adaptación: por ejemplo, reubicar las bebidas estimulantes en neveras cercanas a productos para adultos o promover alternativas sin cafeína.
Un riesgo adicional es la aparición de circuitos paralelos de venta online sin controles efectivos. Para mitigarlo, la norma podría complementarse con medidas específicas sobre comercio electrónico y entregas a domicilio.
Programas preventivos como alternativa a la sanción
Una de las novedades propuestas es la posibilidad de sustituir sanciones por la participación en actividades de prevención o tratamiento. Esto transforma la respuesta administrativa en una oportunidad educativa: talleres de cesación, sesiones familiares de orientación y actividades comunitarias pueden ofrecer una vía reparadora frente a la mera penalización.
En otros territorios donde se han aplicado medidas similares, combinar sanciones leves con programas obligatorios ha demostrado mejores tasas de abandono en conductas de riesgo que la imposición de multas aisladas.
Coordinación institucional: imprescindible pero conflictiva
La propuesta crea órganos de coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales para articular la prevención. Sin embargo, surgen controversias sobre competencias y financiación: algunos grupos municipales advierten que la ejecución recaerá en ayuntamientos sin la dotación presupuestaria necesaria.
Para que la coordinación funcione, será clave firmar convenios con metas claras, dotar personal técnico y fijar indicadores de evaluación (reducción del consumo, aumento de derivaciones a programas, etc.).
Perspectiva social: familias, escuelas y comunidad
Más allá de la normativa, la reducción del consumo juvenil requiere implicar a familias y centros educativos. Intervenciones en el aula, formación para progenitores y espacios de ocio saludables son elementos que aumentan la probabilidad de éxito.
Por ejemplo, programas de tutoría entre pares y actividades deportivas nocturnas en municipios pequeños han mostrado capacidad para reducir conductas de riesgo al ofrecer alternativas de socialización.
Conclusión: una oportunidad para replantear prevención y control
La norma gallega puede marcar un precedente si se implementa con recursos, formación y un enfoque centrado en la reducción del daño. La prohibición de la venta a menores y la ampliación de zonas sin humo son pasos visibles, pero su efectividad dependerá de cómo se combinen con programas preventivos, controles eficaces y la colaboración entre administraciones y comunidad.
Si se evita la fragmentación de responsabilidades y se prioriza la evaluación continua, la iniciativa podría convertirse en un modelo replicable en otras regiones que buscan contener el consumo temprano de sustancias y comportamientos adictivos.
