Contexto y cifras esenciales sobre el tercer grado
Desde octubre de 2021 la gestión penitenciaria en Euskadi ha experimentado un cambio notable: la administración autonómica ha aprobado un total de 111 progresiones a tercer grado para personas condenadas por pertenencia a la organización ETA. Esos permisos han provocado recursos judiciales y revocaciones que conviene analizar con detalle.
Patrones anuales y respuesta de la Fiscalía
La distribución temporal de las autorizaciones muestra altibajos: un primer periodo con una autorización tras el traspaso, seguido de ejercicios completos con 32, 31, 29 y 18 concesiones respectivamente. De las 111 decisiones, la acción fiscal se dirigió contra 22 resoluciones; de ellas se anuló la medida en 20 ocasiones, mientras que 2 siguen pendientes. En términos porcentuales, las revocaciones representan aproximadamente un 18% del total concedido y casi un 91% de las impugnaciones.
Cómo se reparte la población penitenciaria en Euskadi
Actualmente hay alrededor de 119 reclusos vinculados a ETA en centros vascos. Esa cifra se distribuye entre varios centros, con diferencias por provincia y por sexo, lo que condiciona las políticas de seguimiento y los recursos disponibles para programas de reinserción.
Impactos prácticos y propuestas de mejora
Más allá de la aritmética, las decisiones sobre tercer grado afectan a la seguridad, la percepción pública y la reinserción. La elevada tasa de revocación tras recurso sugiere que los criterios aplicados pueden ser interpretados de manera divergente entre la administración y los tribunales.
- Establecer protocolos de evaluación psicosocial estandarizados.
- Mejorar la coordinación entre prisiones, servicios sociales y fiscalía.
- Crear mecanismos de transparencia que expliquen los criterios aplicados.
- Impulsar programas laborales y educativos con seguimiento posterior al tercer grado.
Estas medidas ayudarían a equilibrar la seguridad con la posibilidad real de una reintegración efectiva, reduciendo la litigiosidad y aumentando la confianza pública en el sistema penitenciario.
Preguntas abiertas y próximo debate público
Quedan por resolver dudas sobre criterios homogéneos, el papel de las víctimas en el proceso y la evaluación longitudinal del riesgo. Abrir un debate transparente permitirá diseñar respuestas que protejan derechos y garanticen la seguridad colectiva.
