La Controvertida Designación: Un Ascenso Bajo Investigación
La reciente decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de incluir a un coronel investigado por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para el curso de ascenso a general ha provocado un intenso debate. Esta designación, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Defensa, coloca en el centro de la atención la tensión entre la presunción de inocencia, pilar fundamental de nuestro sistema judicial, y la exigencia de integridad institucional para los más altos cargos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El coronel en cuestión, quien previamente estuvo al frente de la Comandancia de Córdoba, figura entre los catorce mandos seleccionados para esta crucial formación, iniciada en noviembre. Aunque el curso es un paso indispensable, no garantiza el ascenso definitivo. Sin embargo, su participación plantea interrogantes sobre los criterios de selección en situaciones donde existe una investigación judicial abierta. Tradicionalmente, la cúpula del instituto armado, a través de su Consejo Superior, evalúa y aprueba a los participantes, un proceso que, según diversas voces internas, no había tenido precedentes con un mando bajo investigación judicial de esta naturaleza.
El Marco Normativo y sus Interpretaciones
Una de las claves de esta situación radica en la regulación vigente. El Reglamento de evaluaciones y ascensos de la Guardia Civil, que data de 2017, no contempla explícitamente la condición de investigado en un procedimiento judicial como motivo de exclusión para los cursos de la escala de oficiales. Este vacío normativo permite la interpretación de que, mientras no haya una sentencia firme, no existen impedimentos legales para que un oficial continúe su progresión profesional.
Curiosamente, esta flexibilidad contrasta con las normas aplicables a los rangos inferiores. Por ejemplo, para el ascenso de guardia civil a cabo, la normativa es más estricta, excluyendo a aquellos inmersos en procedimientos judiciales por delitos dolosos. Esta disparidad subraya una paradoja: mientras que a niveles básicos se busca una pureza intachable, a medida que se asciende en el escalafón, el umbral para la exclusión por cuestiones judiciales parece elevarse.
El Fondo del Asunto: La Trama de Contratos en Córdoba
La investigación que envuelve al coronel se centra en una presunta trama de amaño de contratos menores de obras en la Comandancia de Córdoba, durante los años 2020 a 2023. Se estima que los hechos investigados, que están siendo instruidos por un juzgado de la capital andaluza desde 2024, podrían implicar delitos como cohecho, falsedad documental y prevaricación, afectando a fondos cercanos a los dos millones de euros.
Las pesquisas internas del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Benemérita revelaron un esquema donde se manipulaban los expedientes de contratación. Se sospecha que se fraccionaban los proyectos para mantenerlos por debajo del límite legal de los contratos menores, evitando así controles más rigurosos. Además, se habría simulado una competencia entre empresas, que en realidad estarían vinculadas a un mismo entramado empresarial o a sus allegados, asegurándose la adjudicación de un porcentaje significativo de las obras.
Implicaciones Éticas y la Confianza Ciudadana
La situación del coronel Juan C. no es un caso aislado de presuntas irregularidades, pero su ascenso potencial mientras está bajo el foco judicial resalta la complejidad de gestionar la integridad dentro de una institución tan vital como la Guardia Civil. Un oficial de este rango, encargado de la supervisión y aprobación de contratos, es esperado que mantenga los más altos estándares de transparencia y diligencia.
Expertos en derecho administrativo y ética pública señalan que, si bien la presunción de inocencia es inviolable, las instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger su reputación y la confianza de los ciudadanos. La mera existencia de una investigación por corrupción en el seno de la Guardia Civil ya es motivo de preocupación; permitir el avance de carrera de un implicado, incluso si la ley lo permite, podría enviar una señal equívoca a la sociedad sobre el compromiso con la lucha contra la corrupción interna. Mantener la confianza pública es esencial para la legitimidad y eficacia de cualquier fuerza de seguridad.
Un Futuro Incierto: Entre la Promoción y la Resolución Judicial
Aunque el coronel complete el curso, su ascenso final a general de brigada dependerá de la evolución de la causa judicial. En caso de una condena, su progresión profesional se vería truncada, pero la polémica ya estaría servida. Esta situación subraya la necesidad de revisar los protocolos y la legislación interna para abordar estas circunstancias con mayor claridad y contundencia, buscando un equilibrio entre el derecho individual a la presunción de inocencia y la impostergable demanda de transparencia y ejemplaridad en la función pública.
El caso de Córdoba, con su eco en las altas esferas de la Guardia Civil, es un recordatorio de que las instituciones deben ser las primeras en salvaguardar la rectitud y en asegurar que cualquier sombra de duda sobre la conducta de sus miembros sea abordada con la máxima seriedad, garantizando así la fe del público en su labor.
