Qué persigue la nueva acción de control
El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a supervisar cómo las empresas del sector tecnológico emplean algoritmos para organizar jornadas, asignar tareas y monitorizar a su plantilla. La medida pretende garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y evitar fórmulas de control asistido que perjudiquen la salud y la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores.
Casos prácticos y áreas de riesgo
Los problemas más habituales aparecen en plataformas de reparto y en centros logísticos donde sistemas automatizados deciden turnos y penalizaciones. Por ejemplo, empresas de reparto han reportado incidencias en la asignación automática de rutas que multiplican la carga semanal, y compañías de contratación digital aplican puntuaciones que afectan a la estabilidad laboral.
- Asignación automática de turnos que no respeta descansos.
- Sistemas de evaluación que generan sanciones sin revisión humana.
- Monitorización continua que invade la intimidad y aumenta el estrés.
Implicaciones legales y técnicas
Desde el punto de vista jurídico, la actuación busca comprobar si el uso de tecnología predictiva vulnera derechos básicos como la desconexión digital o el registro horario. Técnicamente, los inspectores tendrán que evaluar modelos de datos, criterios de decisión y procesos de auditoría algorítmica para detectar sesgos y errores.
Recomendaciones y próximos pasos
Para minimizar conflictos, se recomienda implantar mecanismos de transparencia interna, revisar parámetros de penalización y establecer vías de reclamación efectivas. Estudios recientes estiman que alrededor del 25% de las empresas tecnológicas incorporan decisiones algorítmicas en recursos humanos, lo que subraya la necesidad de guías claras y controles periódicos.
En definitiva, la medida pretende equilibrar innovación y protección laboral, obligando a las compañías a justificar y depurar sus sistemas automatizados. La supervisión continuada y la colaboración entre autoridades, empresas y representantes sindicales serán clave para que la adopción de algoritmos no comprometa derechos básicos.
