La gerente de Ineco confirma ante el Supremo que la acompañante de Ábalos carecía de permiso para sus desplazamientos

En el marco de la segunda semana del proceso judicial que se sigue en el Tribunal Supremo, Josefa Pérez, gerente del área de Soporte Servicio de la empresa pública Ineco, ha testificado que Jésica Rodríguez no contaba con autorización oficial para ausentarse de su puesto de trabajo. Según la declaración de la funcionaria, la joven, presuntamente vinculada al exministro José Luis Ábalos, realizó al menos 13 viajes junto al entonces titular de Transportes sin el permiso preceptivo de la entidad estatal.

Pérez, quien ejerció como jefa directa de servicio durante la etapa de Rodríguez en Ineco, detalló ante el tribunal que estuvo presente en el momento de la firma del contrato, acto en el cual también identificó la presencia de Koldo García, exasesor del ministro. La testigo subrayó que, si bien la empleada cumplimentaba sus partes de trabajo, no existía rastro administrativo que avalara sus salidas de la empresa para acompañar al exsecretario de Organización del PSOE en misiones oficiales.

Durante el interrogatorio, la responsable de Recursos Humanos reconoció que en la contratación de Rodríguez «no se siguió el procedimiento habitual» de selección de la compañía. Pérez explicó que, aunque inicialmente no hubo indicios de irregularidades en su desempeño, la implementación de una herramienta de seguimiento de trabajo en enero de 2020 puso de manifiesto las dificultades para fiscalizar la actividad presencial de la joven, quien llegó a entregar material corporativo, como un ordenador portátil, a terceras personas ajenas a la institución.

La declaración de la gerente se alinea con los resultados de la auditoría interna remitida por el Ministerio de Transportes al Tribunal Supremo en abril de 2025. Dicho informe, elaborado bajo la gestión de Óscar Puente, confirmó que Rodríguez formó parte de la comitiva del exministro en más de una decena de desplazamientos oficiales, haciendo uso de servicios reservados como las salas de autoridades de los aeropuertos, a pesar de no estar registrada formalmente como parte de la delegación institucional.

Uno de los puntos críticos de la investigación reside en la financiación de dichos traslados. La Administración ha admitido ante la justicia la imposibilidad de determinar quién sufragó los gastos de ocho de los trece viajes identificados. Tras analizar más de 380 expedientes y 17.200 páginas de documentación, los funcionarios encargados del informe concluyeron que el nombre de Jésica Rodríguez no figuraba en las declaraciones de gastos públicos, lo que ha motivado al magistrado a indagar en posibles contrapartidas económicas de origen privado.

El tribunal continúa analizando la agenda del exdirigente socialista para esclarecer si el uso de fondos o servicios públicos para fines personales constituyó un ilícito penal. La falta de transparencia en la gestión de estos desplazamientos refuerza la línea de investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras durante el mandato de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.