Protección periodística frente a las solicitudes judiciales
Una magistrada al frente de la investigación sobre la gestión de la dana ha rechazado requerir a la televisora autonómica que aporte una supuesta grabación de audio captada en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi). En la resolución se prioriza el resguardo del secreto profesional de los medios por encima de la pretensión probatoria, lo que plantea un debate sobre los límites entre la persecución de indicios y la tutela de la libertad de prensa.
Fundamentos jurídicos y proporcionalidad
La decisión judicial se apoya en la doctrina que protege a los profesionales de la información frente a injerencias que puedan poner en riesgo las fuentes o el trabajo periodístico. Además, se valoró la proporcionalidad de la medida: acceder a archivos internos de una redacción podría vulnerar derechos fundamentales si no existe una base probatoria sólida que justifique la intrusión.
- Preservación del secreto profesional y libertad informativa.
- Necesidad de una causa suficientemente fundada para autorizar registros.
- Riesgo de obtener pruebas por vías que afecten garantías procesales.
La petición de triangulación y la defensa de la intimidad
Además, la magistrada rechazó una solicitud para triangular los teléfonos de dos investigados —una exconsejera y un exalto cargo— durante la jornada de las riadas. El tribunal consideró que la naturaleza imprudente de los hechos investigados y la protección de derechos fundamentales impedían adoptar una medida tan invasiva sin mayores indicios.
Estudios jurídicos sobre casos similares estiman que entre el 60 % y 70 % de las peticiones para acceder a materiales de medios acaban denegadas cuando existe riesgo de vulneración de la confidencialidad periodística.
Alternativas prácticas para la instrucción
La resolución abre la puerta a métodos menos lesivos para obtener información: solicitar registros de turnos y bitácoras internas, citar a testigos presentes en coordinación o pedir grabaciones públicas ya emitidas. En procesos anteriores relacionados con emergencias, tribunales optaron por revisar actas administrativas y comunicaciones oficiales antes que intervenir equipos de prensa.
Testigos convocados y cronograma de diligencias
La jueza ha ordenado la comparecencia de varios profesionales vinculados a la atención de emergencias para esclarecer la gestión de aquel episodio. Entre los convocados figuran operadores del 112, responsables de coordinación y personal técnico y de campo.
- Técnicas de operación en servicios de emergencias.
- Operadores de comunicaciones del centro de coordinación.
- Responsable de coordinación del servicio 112.
- Bombero/a del consorcio provincial.
En conclusión, la resolución subraya la tensión entre perseguir indicios relevantes y salvaguardar derechos constitucionales. La estrategia de la investigación deberá ahora centrarse en pruebas menos invasivas y en el testimonio de quienes actuaron durante la crisis.
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