Por qué el archivo bruto puede cambiar el rumbo de la instrucción
La reciente resolución judicial reclama la entrega del archivo audiovisual íntegro correspondiente al 29 de octubre con el objetivo de comprobar posibles discrepancias entre lo que se difundió públicamente y las grabaciones originales. Para la instrucción resulta determinante disponer del material sin editar, porque solo así puede evaluarse con certeza la cronología, los ángulos de toma y el contenido sonoro que acompañó los hechos.
En investigaciones sobre situaciones de emergencia, la diferencia entre un montaje y una grabación original puede ser crítica: un corte, un silencio añadido o un plano eliminado alteran la percepción de lo sucedido y afectan la apreciación de la responsabilidad administrativa y penal.
Cadena de custodia y peritaje audiovisual: aspectos prácticos
Solicitar los ficheros sin manipular obliga a atender a la cadena de custodia. El juzgado exigirá acreditar quién tuvo acceso al soporte (productora, personal interno, dispositivos personales) y cómo se preservó la integridad de los datos. Si existen metadatos, registros de copia o hash criptográficos, el peritaje será capaz de detectar alteraciones o confirmar autenticidad.
- Identificación de los dispositivos originales y sus propietarios.
- Registro de transferencias de archivos y manipulaciones técnicas.
- Análisis forense de metadatos, frecuencias de audio y marcas de edición.
Expertos en análisis multimedia estiman que una proporción significativa de contenidos que circulan en redes sociales ha sufrido algún tipo de edición previa a su publicación; por ello, el acceso al archivo bruto reduce la incertidumbre y facilita la reconstrucción de la secuencia fáctica.
Redes sociales como fuente y reto probatorio
Los contenidos publicados en plataformas públicas constituyen una fuente útil pero problemática: muchas veces se comparten piezas condensadas —formatos cortos, sin audio o con filtros— que priorizan la narrativa sobre la fidelidad. Por eso, los tribunales tienden a pedir las originales para contrastar las versiones divulgadas y descartar manipulaciones.
Un ejemplo ilustrativo (de carácter general) es cuando, en procesos relacionados con accidentes urbanos, la confrontación entre la versión subida por un cargo institucional y la grabación integral de los técnicos puede revelar diferencias de minutos que resultan determinantes para establecer responsabilidades.
Citaciones y medidas complementarias ordenadas por la magistratura
Además de reclamar el material audiovisual sin modificaciones, la autoridad judicial ha citado a personas vinculadas a la gestión de la emergencia para aclarar dónde se guardaron las grabaciones y quién las custodió. La comparecencia permitirá decidir si procede requerir el contenido almacenado en teléfonos personales o servidores institucionales y cómo se incorporará al procedimiento.
La medida busca asegurar el acceso completo a pruebas que podrían complementar informes periciales previos y testificales, y evita que versiones parciales condicionen el curso de la investigación.
Por qué se rechazó obtener actas posteriores de otra entidad
En el mismo auto se denegó la petición de requerir actas de una reunión celebrada tiempo después del suceso. La magistrada consideró que documentos posteriores no aportarían claridad sustancial sobre la conducta adoptada el día de los hechos, dada la abundancia de prueba documental y las declaraciones ya disponibles.
Esta decisión subraya un principio procesal clásico: la relevancia temporal de la prueba. No toda documentación conexa es forzosamente útil si no guarda una relación directa con la fase investigada.
Reconstrucción temporal y la importancia de minutos en catástrofes
Las diligencias también exploran la secuencia temporal de víctimas y su relación con la evolución del caudal en barrancos tributarios: determinar franjas horarias en las que se produjeron los peores efectos ayuda a contrastar órdenes impartidos y recursos movilizados. En situaciones de riada, variaciones de pocos minutos pueden modificar el alcance del desastre y la imputación de negligencia.
Informes hidrológicos y reconstrucciones pluviométricas suelen mostrar que la distribución espacial y temporal de la precipitación no es homogénea: aportes laterales no medidos pueden incrementar el volumen de forma súbita. Por ello, cotejar imágenes y audios originales con datos instrumentales es una pieza central para fijar responsabilidades técnicas.
Consecuencias posibles y recomendaciones para la gestión pública
Si el cotejo acredita diferencias relevantes entre el material original y lo divulgado, podría influir en la atribución de responsabilidades administrativas e impulsar reformas en protocolos de comunicación y preservación de pruebas. Entre las medidas prácticas que caben recomendar figuran la preservación inmediata de todo material captado en emergencias, la creación de registros electrónicos inviolables y la formación en peritaje básico al personal de campo.
- Protocolizar la conservación del material multimedia generado en emergencias.
- Implementar sistemas de hash para garantizar la integridad de archivos.
- Capacitar a equipos en registro y custodia de evidencias digitales.
Balance y siguientes pasos procesales
La solicitud judicial del archivo sin editar y la convocatoria de testigos marcan un avance en la fase de instrucción: el objetivo es construir una base probatoria sólida que permita disipar dudas sobre la gestión del desastre. La negación de pruebas posteriores tampoco cierra vías de investigación; abre la puerta a que los peritos y las partes discutan en sede técnica las discrepancias que surjan del contraste entre los ficheros originales y las piezas difundidas.
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