Datos en disputa: por qué la forma de contar cambia la percepción
Los debates sobre agresiones a personal penitenciario no solo giran en torno a cifras absolutas: el método de registro influye decisivamente en la interpretación pública. Recientes discrepancias entre sindicatos y la Administración catalana ponen de manifiesto que una modificación en los criterios de clasificación puede transformar una tendencia al alza en una supuesta mejora. Esa diferencia entre recuento parcial y total puede llevar a conclusiones erróneas sobre la seguridad en los centros y sobre la eficacia de las políticas públicas.
Qué muestran los números alternativos y por qué son relevantes
Fuentes sindicales internas, preguntadas por este análisis, indican un incremento sostenido de los incidentes en los últimos cinco años cercano al 70%, con más de 2.300 episodios registrados el último año en la comunidad. Aunque la Administración publique una reducción en los episodios catalogados como “graves”, estos datos parciales no reflejan el aumento de ataques menores y moderados que, acumulados, evidencian una tendencia preocupante. La transparencia en la presentación de estadísticas es, por tanto, clave para evaluar políticas y necesidades de recursos.
Cómo la reclasificación altera el foco del debate
Al cambiar los umbrales que definen un incidente “grave”, se atenúa la visibilidad de episodios que, aunque no resulten en hospitalización, afectan la salud laboral y la percepción de riesgo. Esta práctica puede reducir la visibilidad de problemas estructurales como la falta de personal o la coexistencia de internos con perfiles de alta conflictividad. La manipulación del criterio no solo incide en el relato político, sino que condiciona la asignación de recursos y protocolos de prevención.
Factores que alimentan la violencia en los centros
- Sobreocupación de plazas: espacios diseñados para grupos más reducidos que hoy alojan a más internos, lo que eleva la tensión.
- Plantillas reducidas: funcionarios de prisiones con cargas crecientes por turno, que disminuyen la capacidad de control y de intervención temprana.
- Falta de programas de salud mental: internos con trastornos no diagnosticados o sin tratamiento que incrementan la imprevisibilidad.
- Infraestructura anticuada: áreas comunes y módulos con diseños que facilitan conflictos y agresiones.
Cada uno de estos elementos contribuye de forma acumulativa a elevar el riesgo de incidentes. No se trata únicamente de registrar ataques aislados, sino de comprender el entramado que los provoca.
Casos ilustrativos y lecciones prácticas
En un centro de mediana seguridad del interior de la región, la combinación de turnos cortos y la rotación frecuente de plantilla derivó en una sucesión de incidentes durante un trimestre: desde intentos de agresión verbal hasta ataques con objetos improvisados. La respuesta inmediata se basó en medidas puntuales —refuerzos temporales—, pero la solución sostenible exigió revisar ratios de personal, formación en desescalada y adaptar horarios para reducir la fatiga. Ese ejemplo muestra que actuar solo sobre las estadísticas no corrige las causas reales.
Demandas del colectivo y propuestas concretas
- Restablecer la publicación completa y desagregada de datos por centro para recuperar la transparencia y permitir auditorías independientes.
- Aumentar las plantillas y fijar ratios máximos por turno para mejorar la cobertura y reducir la sobrecarga del personal.
- Implementar formación continuada en gestión de conflictos y primeros auxilios psicológicos para funcionarios.
- Invertir en programas de salud mental para internos y en adecuación arquitectónica de módulos para minimizar puntos de conflicto.
- Crear un protocolo uniforme y público sobre clasificación de incidentes que impida modificaciones opacas de criterios.
Estas medidas no son novedosas, pero su aplicación sostenida y evaluable marcaría la diferencia entre maquillaje estadístico y políticas eficaces.
Conclusión: recuperar confianza mediante datos y reformas
Para que la sociedad y los propios trabajadores confíen en la gestión penitenciaria es imprescindible combinar dos ejes: datos completos y cambios estructurales. Sin información desagregada, cualquier mejora anunciada puede ser interpretada como un artificio. Y sin inversión en personal, salud mental e infraestructura, las estadísticas seguirán empeorando aunque se alteren los criterios de registro. La prioridad debe ser garantizar la seguridad penitenciaria real, no solo la apariencia de control.
