Autonomía operativa vs. responsabilidad política
En la comparecencia ante el Senado, un alto cargo del Ministerio afirmó que no existió ninguna instrucción gubernamental para que Red Eléctrica cambiara su modo de operación tras el incidente del 28 de abril. Esta defensa pone de manifiesto una tensión recurrente: la autonomía técnica del gestor del sistema frente a la necesidad de rendición de cuentas ante la sociedad y los representantes públicos.
Aunque la gestión diaria corresponde al operador, la percepción pública suele exigir certezas sobre quién decide en momentos críticos. Esa diferencia entre competencia técnica y legitimidad política es clave para entender por qué la respuesta oficial se centra en subrayar la independencia operativa.
¿Qué implica activar el modo reforzado?
El término utilizado por el operador describe un conjunto de acciones destinadas a priorizar la estabilidad de la red ante situaciones excepcionales. En la práctica, eso puede abarcar desde cambios en la gestión del mix energético hasta la utilización prioritaria de recursos de control de tensión, como reactores, condensadores y baterías.
Es importante distinguir entre medidas rutinarias de operación y decisiones extraordinarias. Mientras que las primeras responden a protocolos automáticos, las segundas implican maniobras coordinadas y, en ocasiones, el uso de facultades excepcionales concedidas tras emergencias previas.
Marco jurídico y asignación de responsabilidades
El equilibrio entre regulación y autonomía se articula mediante normas que definen competencias: quién decide la programación del suministro, quién valida procedimientos y quién supervisa. En ese sentido, la existencia de potestades otorgadas al operador para actuar en emergencias no implica que el Gobierno pueda dirigir decisiones técnicas puntuales sin vulnerar el marco normativo.
No obstante, la ausencia de instrucciones explícitas no exime de responsabilidad política si la planificación o la supervisión previa resultan insuficientes. La distinción entre responsabilidad técnica (operador) y política (Gobierno) debe complementarse con mecanismos claros de transparencia y revisión.
- Claridad en las competencias de operación y supervisión.
- Procedimientos públicos para actuación en emergencias.
- Mecanismos de auditoría post incidente.
El papel del almacenamiento y otras soluciones técnicas
En el debate público suele aparecer el almacenamiento como panacea. Sin negar su utilidad, conviene matizar: las baterías y otras soluciones mejoran la capacidad de respuesta, pero no eliminan fallos derivados de fenómenos poco documentados o de interacción compleja entre recursos.
Casos internacionales muestran que la combinación adecuada de regulación, inversión en redes y servicios de control (p. ej., respuesta rápida de reactores o servicios auxiliares) suele ser más efectiva que depender únicamente de un aumento súbito de capacidad de almacenamiento.
Comparativas internacionales y aprendizajes prácticos
Al analizar incidentes en otros sistemas eléctricos, emergen dos aprendizajes recurrentes: la necesidad de escenarios de ensayo que incluyan sucesos atípicos y la importancia de canales de comunicación claros entre autoridades y operador. En varios países se han creado comités técnicos mixtos que simulan colapsos para validar procedimientos.
Iniciativas como ejercicios de estrés realistas y la incorporación de simulaciones avanzadas permiten anticipar interacciones no previstas entre tecnologías renovables, almacenamiento y protecciones de red. Estas prácticas deberían reforzarse en el entorno nacional para aumentar la robustez del sistema.
Recomendaciones para mejorar confianza y resiliencia
Con base en lo ocurrido y en experiencias externas, conviene proponer medidas concretas que reduzcan la incertidumbre pública y técnica:
- Publicar protocolos de actuación en emergencias con lenguaje accesible.
- Establecer revisiones independientes de la operativa de tensión y del PO 7.4 u otros procedimientos clave.
- Fomentar simulacros conjuntos entre operador, regulador y operadores de red regionales.
- Impulsar proyectos demostrativos de control de voltaje que combinen almacenamiento, compensación reactiva y control de generación distribuida.
Una conclusión orientada a la transparencia
La negación de instrucciones por parte del Ejecutivo subraya que, formalmente, la operación corresponde al gestor del sistema. Pero para restaurar y mantener la confianza ciudadana es imprescindible ir más allá de las declaraciones: publicar procedimientos, someter las decisiones técnicas a auditorías independientes y promover ejercicios que anticipen escenarios inusuales.
Solo así será posible conjugar la autonomía técnica con la exigencia democrática de explicación y mejora continua, y garantizar que el sistema eléctrico evolucione con mayor resiliencia frente a eventos imprevistos.
