Un alto al fuego no sustituye a un proceso: qué significa la primera etapa
La firma de una primera etapa que incluye un cese de hostilidades y la reanudación parcial de la ayuda humanitaria constituye un alivio inmediato para la población civil, pero no convierte automáticamente ese acuerdo en una solución política. En términos prácticos, un pacto inicial solo compra tiempo y reduce la violencia; no resuelve las causas estructurales del conflicto ni crea los instrumentos necesarios para una transición sostenible hacia la paz. Para transformarlo en algo cimentado hacen falta reglas claras sobre verificación, responsabilidades y recursos financieros.
Verificación: la asignatura pendiente
Cualquier pausa será frágil si no existe un cuerpo neutro con mandato operativo para supervisar su cumplimiento. Experiencias comparadas como la verificación del cese de hostilidades en Colombia o la supervisión de desarme en Irlanda del Norte muestran que una misión internacional con acceso irrestricto, personal técnico y capacidad de rendición de cuentas reduce recidivas. El desafío en Gaza es mayor: la densidad demográfica, los depósitos de armamento enterrados y las lealtades locales complican el acceso y el control. Sin una estrategia de verificación robusta, las violaciones se multiplicarán y la confianza se evaporará.
Una propuesta operativa sería diseñar rápidamente un marco de verificación que combine observadores multilaterales, sensores civil-militares y auditorías periódicas de terceros para el material bélico y los centros de poder local. Esto exige acuerdos previos sobre corrientes de información, sanciones proporcionales a incumplimientos y una unidad técnica con autonomía presupuestaria.
Quién debe financiar y supervisar la reconstrucción
La reconstrucción de la Franja exige desembolsos que superan las capacidades de cualquier país individual y no puede limitarse a promesas verbales. Al igual que en la postguerra de los Balcanes o el Plan Marshall en Europa, se necesita un paquete financiero con condicionantes claros para evitar malversación y mercados negros. Además de ayuda humanitaria inmediata, es imprescindible un plan de mediano plazo para infraestructura, vivienda y desminado, con auditorías independientes que certifiquen el uso de fondos.
Una posible fórmula sería crear un fondo multilateral administrado por un consorcio de países donantes y agencias internacionales, con participación de organizaciones civiles locales para la supervisión social. Ese fondo podría incluir garantías para inversores privados que aporten capital a proyectos productivos y esquemas de empleo que reduzcan la economía de supervivencia que alimenta la violencia.
Actores regionales: aliados, espectadores y potenciales saboteadores
El éxito del plan depende de la conducta de potencias y vecinos que actúan simultáneamente como facilitadores y riesgos. Estados que brindan apoyo logístico o político pueden fortalecer la implementación; otros, por motivos estratégicos, pueden preferir que el proceso no avance. Es fundamental mapear intereses, incentivos y posibles reacciones en cascada. Una estrategia eficaz combina incentivos positivos (asistencia, acceso a mercados) con disuasores (sanciones diplomáticas dirigidas) para aquellos que intenten obstaculizar la transición.
Riesgos de tipo organizativo y político
Existen amenazas internas que pueden deshilachar cualquier avance: fragmentación de las milicias, confrontaciones entre grupos locales por el control territorial, y la falta de instituciones administrativas capaces de gestionar la paz. Asimismo, la percepción de triunfalismo por parte de una de las partes o el abandono prematuro por parte de la potencia patrocinadora puede provocar un retorno rápido a la violencia. La experiencia demuestra que las fases tempranas requieren paciencia, recursos y continuidad política sostenida.
Seis prioridades prácticas para las próximas semanas
- Definir y publicar los criterios técnicos para la verificación del alto al fuego, con plazos y responsabilidades.
- Establecer un mecanismo internacional de custodia de armamento y desarme que incluya inventarios y puntos de entrega seguros.
- Crear un fondo multilateral para la reconstrucción con control externo y participación local para evitar desvíos.
- Negociar garantías de seguridad para las poblaciones desplazadas y planes de retorno que prioricen la protección civil.
- Diseñar protocolos para la cooperación judicial y penal en casos de crímenes de guerra y violaciones al acuerdo.
- Pactar un calendario de hitos políticos que incluya pasos de desmilitarización, gobernanza transitoria y preparación para procesos electorales.
Diseñar incentivos creíbles para las partes
La diplomacia de taller debe traducirse en incentivos concretos. Para los grupos armados, las garantías de seguridad y programas de reintegración con empleo son más eficaces que promesas vagas. Para el Estado, asistencia técnica en reconstrucción urbana y apoyo en seguridad fronteriza pueden compensar costos políticos. Sin instrumentos que alteren el cálculo de costo-beneficio de actores clave, el plan será vulnerable a quienes ganan con la inestabilidad.
¿Quién puede liderar la verificación y con qué mandato?
La legitimidad de la verificación aumenta si participa una combinación de organismos multilaterales, observadores regionales y expertos civiles independientes. Un mandato del Consejo de Seguridad o una resolución amplia de legitimidad internacional sería ideal, pero en su ausencia existen soluciones híbridas: misiones co-mandatadas por coaliciones regionales y organizaciones técnicas (desminado, salud pública, ingeniería). Lo esencial es dotarlas de autonomía operativa, acceso territorial y recursos suficientes.
Cómo preservar la credibilidad del patrocinador
La credibilidad de quien impulsa el plan es un activo que puede agotarse. El patrocinador debe aceptar que su rol no es solo anunciar acuerdos, sino sostenerlos con diplomacia diaria, presión sobre aliados y disposición a corregir medidas. La política externa consistente y la asignación de equipo diplomático especializado aumentan la probabilidad de que la pausa evolucione hacia una transición real.
Escenarios a medio plazo y medidas de contingencia
Podemos prever tres trayectorias plausibles: consolidación gradual del acuerdo con reducción sostenida de violencia; estancamiento con episodios esporádicos de ruptura; o colapso y retorno a enfrentamientos abiertos. Para cada ruta conviene tener planes de contingencia: reservas humanitarias, misiones de estabilización con mandatos de protección y canales de mediación de emergencia que restauren negociaciones antes de que la desconfianza se solidifique.
Conclusión: tránsito de una pausa a una política de paz realista
El primer paso firmado ofrece una ventana de oportunidad, pero convertirlo en progreso político exige ingeniería institucional y recursos sostenidos. Sin protocolos de verificación, mecanismos financieros transparentes y un marco regional de incentivos y sanciones, la pausa corre el riesgo de quedar como un paréntesis temporal. La tarea urgente es transformar el alivio inmediato en políticas concretas, mesurables y supervisadas que reduzcan la probabilidad de retroceso y permitan construir, con paciencia y técnica, una salida menos frágil para la población afectada.
