Durante años se nos pidió creer. Creer que la paz llegaría sola, que la impunidad era el precio inevitable y que el gasto público, aunque desbordado, valía la pena. Hoy ya no hablamos de relatos ni de emociones. Hablamos de cifras oficiales. La Contraloría General de la República confirmó que, de los 107 billones de pesos invertidos por el Estado colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, solo el 17% muestra resultados medibles y verificables. El resto se diluye en una zona gris que el propio Estado no ha sabido explicar con claridad.
Eso significa que ocho de cada diez pesos destinados a la llamada paz no pueden demostrar impacto real sobre la vida de los colombianos, sobre la seguridad de los territorios ni sobre la reparación efectiva de las víctimas. No es una lectura ideológica. Es un hallazgo fiscal. Y en cualquier democracia responsable, un dato así debería generar responsabilidades políticas inmediatas.
Mientras el discurso oficial insiste en presentar el acuerdo como un éxito incuestionable, la realidad es que Colombia financió una paz sin indicadores claros, sin control riguroso y sin exigencia de resultados. Se ejecutaron recursos históricos, pero sin una hoja de ruta que permitiera verificar si ese dinero redujo la violencia, fortaleció la justicia o devolvió la presencia del Estado a los territorios abandonados. Se gastó mucho y se midió poco.
El problema no es solo contable. Es profundamente ético. Ese dinero salió del bolsillo de millones de colombianos que hoy viven con más extorsión, más miedo y menos autoridad institucional. Salió de recursos que pudieron fortalecer la seguridad, la educación o la justicia, y terminó diluido en programas cuya eficacia ni siquiera el propio Estado puede demostrar.
Lo más grave es que esta falta de resultados convive con una realidad que nadie puede negar. La violencia no desapareció, se transformó. Hoy existen al menos cuatro estructuras activas de las antiguas FARC, un ELN fortalecido con presencia transnacional y más de 800 bandas criminales operando en el país. Nos prometieron la desmovilización de la guerrilla y hoy Colombia tiene más de 26.000 delincuentes enquistados en esas estructuras, amenazando la vida, la libertad y la convivencia de todos. Mientras el Estado hablaba de paz y hacía concesiones, el crimen se reorganizaba, se fortalecía y ocupaba territorios enteros ante una autoridad debilitada y sin capacidad de reacción.
A esto se suma un daño silencioso pero profundo. Se fracturó la confianza ciudadana. Muchos colombianos dejaron de creer en el Estado no porque se opongan a la paz, sino porque vieron cómo se premiaba al violento mientras al ciudadano honesto se le pedía paciencia infinita. Una paz que no protege al que cumple la ley termina siendo injusta y, por tanto, insostenible.
El informe de la Contraloría no debería leerse como una crítica aislada, sino como una advertencia estructural. Cuando el Estado renuncia a medir resultados, también renuncia a ejercer autoridad. La paz sin indicadores claros se convierte en una coartada para la ineficiencia y para la captura política de los recursos públicos. El problema ya no es solo cuánto se gastó, sino quién decidió cómo, dónde y con qué controles.
Colombia no necesita más discursos complacientes ni relatos que ignoren la realidad de los territorios. Necesita verdad, carácter y decisiones firmes. No hay paz posible sin seguridad, sin autoridad y sin control serio de los recursos públicos. La paz no se decreta ni se compra. Se construye cuando el ciudadano siente que la ley lo protege y que el crimen no tiene la última palabra.
El país no está condenado a elegir entre guerra o claudicación. Existe una vía clara que durante años se quiso silenciar. Tenemos que regresar a la seguridad en defensa de los colombianos. Con el Tigre lograremos la paz, esa que se consigue enfrentando la criminalidad.
