Una apuesta estratégica: litigio centrado en la competencia judicial
En los últimos años, ciertos grupos procesados por actos vinculados al independentismo han reorientado sus recursos hacia argumentos formales sobre competencia jurisdiccional. Más que insistir en supuestas vulneraciones de derechos políticos, la nueva táctica busca demostrar que el tribunal nacional que dictó sentencia no era, en la práctica, el órgano previsto por la ley para conocer de esos hechos. Esta vía pretende forzar a las cortes europeas a revisar no el fondo del conflicto, sino la validez procesal del enjuiciamiento.
Qué pretenden obtener ante Estrasburgo y Luxemburgo
El planteamiento se apoya en dos frentes jurídicos diferentes: por un lado, el control del respeto al juez natural y, por otro, la interpretación del Derecho de la Unión en materia de cooperación judicial. En esencia, los demandantes buscan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideren que existen vicios de competencia que comprometen la validez del proceso penal seguido en su país.
Si las cortes europeas aceptaran esa línea, podrían ordenar medidas que van desde la revisión de la jurisdicción hasta efectos prácticos sobre procedimientos de entrega o reconocimiento de resoluciones entre Estados miembros. Sin embargo, el alcance y la ejecución de esas resoluciones varía mucho según el tribunal y el tipo de petición.
Realidad estadística: pocas demandas prosperan en el ámbito europeo
Las instancias supranacionales procesan un volumen elevado de reclamaciones, pero admiten a trámite una minoría. El TEDH, por ejemplo, declara inadmisibles la gran mayoría de las solicitudes, admitiendo sólo alrededor de un 10 % para un examen de fondo. Ese filtro muestra que, aun con un argumento técnico sólido, la probabilidad de llegar a una sentencia favorable es limitada.
En cuanto al TJUE, su labor sobre cuestiones prejudiciales depende de los planteamientos que formulen los jueces nacionales. Las preguntas relativas a la interpretación de la normativa europea en materia de cooperación penal son menos frecuentes y, cuando se producen, suelen centrarse en aspectos muy concretos del Derecho de la UE.
- El TEDH filtra la mayoría de reclamaciones por motivos procesales.
- El TJUE actúa a petición de tribunales nacionales, no como tribunal de apelación directo.
- El éxito suele depender de pruebas sobre vicios formales o incumplimiento de garantías procesales.
Obstáculos prácticos y jurídicos que afronta la estrategia
Aunque la teoría planteada por las defensas resulta técnicamente creíble —la necesidad de que exista una norma que habilite a un tribunal para ejercer competencia en primera y última instancia, por ejemplo—, en la práctica hay barreras notables. Entre ellas se cuentan la interpretación restrictiva de las normas de admisibilidad, la deferencia que suelen tener los tribunales internacionales hacia las decisiones nacionales en materia de organización judicial, y las dificultades probatorias para demostrar que la competencia atribuida fue realmente inexistente o arbitraria.
Además existe un factor temporal: los plazos y la caducidad procesal en procedimientos de extradición o ejecución de sentencias pueden dejar sin efecto cualquier pronunciamiento europeo si las autoridades nacionales consideran resuelta la cuestión internamente.
Perspectiva política: qué efectos tendría un fallo favorable
Un pronunciamiento europeo que estime que hubo un defecto de competencia tendría, más allá de su impacto jurídico inmediato, un efecto simbólico potente. Podría alimentar la narrativa de vulneración por parte del Estado y abrir espacio para nuevas iniciativas políticas —desde cambios legislativos hasta indultos o amnistías—. No obstante, la transformación práctica dependería del grado de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales y de la respuesta del poder legislativo.
También es importante considerar la reacción de la opinión pública internacional: un fallo técnico podría interpretarse como un cuestionamiento al procedimiento, pero no necesariamente como una absolución política del movimiento independentista.
Alternativas y recomendaciones tácticas
Frente a la dificultad de obtener sentencias favorables, las defensas suelen combinar recursos europeos con otras medidas: solicitudes de reinterpretación ante tribunales nacionales, peticiones de medidas cautelares y estrategias de comunicación que busquen mantener la presión pública. Una táctica prudente incluye preparar el expediente con exhaustividad procesal y documentar cualquier irregularidad formal con pruebas claras.
- Priorizar pruebas que acrediten falta de competencia expresa.
- Coordinar recursos nacionales y europeos para evitar contradicciones procesales.
- Valorar el coste temporal y reputacional de prolongar litigios en el extranjero.
Balance final y cifras aproximadas
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En el corto plazo, es probable que sigan predominando las decisiones nacionales; en el medio plazo, los pronunciamientos europeos podrían forzar ajustes legales o prácticas procesales, aunque rara vez suponen una solución definitiva por sí solos.
