Plazo judicial y consecuencias administrativas
El Tribunal Supremo ha impuesto al Ejecutivo un periodo sin posibilidad de prórroga de 15 días para organizar la recepción de menores extranjeros no acompañados ubicados en las islas. La resolución obliga a la administración central a articular plazas y recursos adicionales frente a una capacidad local que actualmente resulta insuficiente.
Opciones inmediatas y responsabilidades
Organizaciones sociales calculan que la demanda real puede situarse entre 1.000 y 1.500 menores, una presión que exige respuestas rápidas y coordinación entre administraciones. Más allá del mandato judicial, la ejecución práctica plantea decisiones logísticas y presupuestarias inmediatas.
- Traslado temporal a centros en la península para aliviar la presión local.
- Financiación extraordinaria para habilitar plazas provisionales y personal especializado.
- Convenios con ONG y ayuntamientos para acelerar la atención integral.
El reto combina un plazo legal estricto con realidades operativas complejas: la solución dependerá tanto de la voluntad política como de la eficacia logística en las próximas dos semanas.
