Decisión política y economía: más allá de la cifra del 2%
La confirmación de mantener el gasto militar en torno al 2% del PIB plantea interrogantes que van más allá de un porcentaje. Desde una perspectiva fiscal, destinar recursos a defensa implica priorizar partidas en un contexto en el que la demanda social por servicios públicos y protección social sigue siendo elevada. Esa elección presupuestaria es, por tanto, una decisión estratégica con consecuencias redistributivas.
Soberanía y presiones externas: una lectura amplia
Definir la política de defensa en clave de soberanía significa reivindicar la capacidad del Estado para fijar sus prioridades sin tutela externa. No obstante, las relaciones internacionales contemporáneas están atravesadas por alianzas y dependencias tecnológicas que condicionan las opciones disponibles. La tensión surge cuando las demandas de aliados chocan con las prioridades internas; gestionarla exige diplomacia y coherencia estratégica.
Impacto en la Unión Europea: autonomía y coordinación
El debate sobre el desembolso en defensa también es un reflejo de la discusión sobre la autonomía estratégica de la UE. Una política europea coordinada permitiría optimizar compras, compartir capacidades y evitar duplicidades. Si los Estados amplían la cooperación en investigación y adquisiciones conjuntas, podrían reducir costes y mejorar la interoperabilidad sin disparar el gasto conjunto innecesariamente.
Alternativas y recomendaciones
Mantener un umbral del 2% no excluye explorar fórmulas para hacer más eficiente la inversión en defensa. Entre las opciones prácticas están la adquisición conjunta de sistemas, la apuesta por I+D europeo en tecnologías duales y la integración de criterios de sostenibilidad en los programas militares.
- Fomentar compras multilaterales para reducir costes unitarios.
- Priorizar proyectos de defensa con beneficios civiles (energía, ciberseguridad).
- Impulsar revisiones periódicas que vinculen gasto con evaluación de riesgos reales.
Además, conviene evaluar el retorno social de esos recursos: inversiones en formación técnica vinculada a la industria de defensa, o programas de reconversión industrial, pueden compensar en parte el impacto presupuestario y reforzar el tejido productivo.
Conclusión: coherencia entre defensa y bienestar
La elección de sostener el 2% del PIB debe entenderse como una decisión que mezcla consideraciones de seguridad, geopolítica y legitimidad democrática. La clave estará en cómo se gestionen esas partidas: priorizando eficiencia, cooperación europea y medidas que reduzcan la tensión con las demandas sociales de protección y equidad.
