El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como «El Altiplano», tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal relacionado con la importación de combustibles. La medida ha provocado un intenso debate en el ámbito jurídico y político nacional, debido a la trayectoria del imputado como el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y la severidad de las condiciones de su confinamiento.
La acusación formal contra Ruffo Appel se centra en el denominado «huachicol fiscal», una modalidad de fraude que consiste en la introducción masiva de gasolinas y diésel desde refinerías en Texas, Estados Unidos, eludiendo el pago de impuestos especiales y aranceles. Según las investigaciones, el exmandatario, en su carácter de accionista y directivo de la empresa energética Ingemar, habría participado en operaciones que causaron un quebranto a la Hacienda pública estimado en 130 millones de euros, mediante la declaración de volúmenes de carga significativamente menores a los reales.
El ingreso de Ruffo Appel al penal de máxima seguridad lo sitúa en el mismo recinto que figuras procesadas por delitos de alta violencia, como el individuo identificado bajo el alias de «El R-1», señalado por su vinculación con células del crimen organizado y el asesinato del alcalde de Uruapan. Esta coexistencia ha sido cuestionada por diversos sectores civiles y políticos, quienes señalan una falta de proporcionalidad en la medida cautelar, considerando que el acusado tiene 74 años y enfrenta cargos de carácter estrictamente financiero y administrativo.
En respuesta a la detención, se formalizó la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, una organización integrada por ciudadanos y representantes de distintas fuerzas políticas. Los miembros de este comité sostienen que el exgobernador no representa una amenaza para la seguridad nacional ni posee un perfil de alta peligrosidad que justifique su estancia en un penal diseñado para los criminales más violentos del país. La agrupación califica el proceso como un acto de «escarnio político» derivado de su peso simbólico como pionero de la alternancia democrática.
El contexto político en Baja California añade una capa de complejidad al caso. La entidad atraviesa un periodo de tensiones institucionales tras la reciente cancelación de visas estadounidenses a funcionarios de la administración estatal y filtraciones de audios que involucran a mandos locales. Analistas sugieren que el proceso contra Ruffo Appel podría estar influenciado por la coyuntura electoral de cara a los comicios de 2027, funcionando como un elemento distractivo ante las problemáticas internas del oficialismo en la región fronteriza.
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, el «huachicol fiscal» opera bajo una infraestructura logística compleja que incluye barcos y vagones cisterna. Este esquema aprovecha la disparidad de precios entre los mercados internacionales y el nacional para generar beneficios ilícitos masivos, los cuales, según las autoridades hacendarias, suelen nutrir estructuras financieras de la delincuencia organizada y redes de corrupción en los puntos de revisión aduanera y marítima.
El proceso judicial contra Ruffo Appel se mantiene en curso mientras sus representantes legales y el comité de apoyo exigen que se respeten los estándares de proporcionalidad jurídica. El desenlace del caso representa un punto crítico para el sistema de justicia mexicano, en medio de acusaciones sobre el posible uso faccioso de las instituciones estatales para influir en la narrativa pública y la memoria histórica de la transición democrática en el país.
