Brunner urge al Parlamento Europeo a aprobar la directiva contra el tráfico de personas ante la situación en Ceuta

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha solicitado formalmente este jueves a las instituciones comunitarias la agilización de la denominada «directiva de facilitación». Esta normativa, presentada por la Comisión Europea en 2023, tiene como objetivo principal permitir que los Estados miembros sancionen de manera efectiva a los individuos y redes que colaboren con la inmigración irregular en la Unión Europea.

Durante su comparecencia extraordinaria por videoconferencia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, Brunner subrayó la urgencia de desmantelar las redes de tráfico ilícito. El comisario instó al Parlamento Europeo a fijar su posición negociadora sobre una propuesta que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de la UE desde diciembre de 2024, paso previo indispensable para la redacción del texto legal definitivo.

Brunner vinculó la necesidad de este marco jurídico con los recientes acontecimientos en la ciudad autónoma de Ceuta. Para el comisario, la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos constituye una «prueba fehaciente» de la urgencia de contar con herramientas sólidas y eficaces para combatir el tráfico de seres humanos. En este contexto, la Comisión Europea ha respaldado la tesis del Gobierno español, señalando a las «mafias» y grupos organizados como los principales responsables de la situación actual.

La propuesta de directiva define como delito la facilitación de la entrada, el tránsito o la estancia irregular en territorio comunitario siempre que exista un beneficio económico o material de por medio. El comisario enfatizó que la medida busca «salvar vidas» al detener a traficantes que actúan «sin piedad ni escrúpulos» y abogó por convertir el centro de Europol contra el tráfico ilícito en un «centro de excelencia» que opere de manera coordinada a lo largo de todas las rutas migratorias.

No obstante, la iniciativa legislativa ha encontrado oposición en diversos sectores de la sociedad civil. Organizaciones proinmigración, como la plataforma PICUM, han criticado el enfoque de la directiva al considerar que no aborda las causas de fondo del fenómeno. Según representantes de estas entidades, el endurecimiento de las medidas sin la creación de vías seguras y legales para la migración podría incrementar la vulnerabilidad de las personas y fortalecer indirectamente el margen de explotación de las redes ilegales.

Con la intervención de Brunner, el Ejecutivo comunitario busca presionar para que la Eurocámara desbloquee la tramitación de una norma que considera clave para la seguridad de las fronteras exteriores y la integridad de las políticas migratorias de la Unión Europea.