La abogada del Estado que se querelló contra el juez Peinado percibió 45.000 euros de dos empresas públicas
Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado encargada de interponer la querella contra el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, ha percibido un total de 44.848 euros por su labor como secretaria en los consejos de administración de dos sociedades mercantiles estatales. Según documentos oficiales obtenidos a través de la Ley de Transparencia, estas retribuciones corresponden a su participación en las entidades públicas ENISA y HUNOSA.
La información, desglosada a partir de resoluciones de acceso a la información pública, detalla que Fernández Toro ha recibido estas cantidades exclusivamente en concepto de dietas por asistencia a las sesiones de los consejos de administración y comisiones técnicas. Ambas compañías han precisado que estos abonos se ajustan estrictamente a la normativa vigente que regula las compensaciones para los cargos institucionales en sociedades del sector público estatal.
En el caso de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), la resolución administrativa señala que la abogada del Estado fue nombrada secretaria no consejera el 28 de noviembre de 2023. Desde dicha fecha y con proyección hasta julio de 2026, la cuantía bruta percibida asciende a 20.000,34 euros. De este total, 16.200,34 euros corresponden a dietas por asistencia al Consejo de Administración, mientras que los 3.800 euros restantes derivan de su participación en la Comisión de Auditoría de la entidad.
Por su parte, la empresa minera HUNOSA ha certificado el abono de 24.848 euros a Fernández Toro por su función como secretaria del consejo desde el ejercicio 2024. La compañía ha facilitado un registro detallado de las reuniones celebradas, que incluyen ocho sesiones en 2024 y diez previstas para 2025, con importes mensuales que oscilan entre los 856 y los 1.713 euros, dependiendo de la frecuencia de las convocatorias.
Las dos mercantiles públicas han subrayado que estas retribuciones están sujetas a los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda para las sociedades del Grupo 2, que fija una compensación máxima anual de 9.425 euros por la pertenencia a consejos, permitiendo incrementos adicionales por la asistencia a comisiones específicas. Asimismo, se ha aclarado que la abogada no ha percibido indemnizaciones por desplazamiento ni honorarios adicionales derivados del Convenio de Asistencia Jurídica con la Administración General del Estado.
Durante el proceso de solicitud de información, Fernández Toro presentó alegaciones para evitar la divulgación de estos datos económicos, invocando el derecho a la protección de datos personales y la intimidad. No obstante, las empresas públicas rechazaron dichos argumentos, determinando que prevalece el interés público y la transparencia en el control de la actividad económica de las instituciones. Según el razonamiento jurídico de las resoluciones, las dietas no constituyen una retribución discrecional, sino una compensación por el ejercicio de una función institucional remunerada con cargo al erario público.
Este desglose de ingresos se conoce en un contexto de alta exposición pública para la abogada del Estado, tras la decisión del Ejecutivo de judicializar las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encargado de la causa que afecta a Begoña Gómez. La neutralidad de la información aportada por Transparencia confirma que el régimen de compatibilidades y los importes percibidos por la letrada se encuentran dentro de los parámetros estipulados para el cuerpo de la Abogacía del Estado en sus funciones de asesoramiento en órganos rectores públicos.
