El Gobierno restablece los controles fronterizos con Italia por razones de seguridad y presión migratoria

El Ministerio del Interior ha formalizado este domingo, mediante la publicación de una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la recuperación temporal de los controles en las fronteras interiores con Italia. La medida, firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, supone una excepción al principio de libre circulación del espacio Schengen y permanecerá vigente durante 30 días, hasta las 24:00 horas del próximo 7 de septiembre.

La decisión administrativa se fundamenta en la existencia de una amenaza que el Ejecutivo califica de «grave, real y actual» para el orden público y la seguridad nacional. Según el texto oficial, la medida responde al incremento de la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y a los riesgos asociados a la delincuencia transfronteriza, la actividad de redes de inmigración ilegal y la posible infiltración de elementos vinculados a amenazas terroristas.

Los controles se aplicarán de manera específica a los pasajeros que lleguen a territorio español en vuelos cuyo último aeropuerto de salida se encuentre en Italia. Asimismo, la vigilancia se extenderá a los viajeros que utilicen buques, ferris u otros servicios de transporte marítimo procedentes de puertos italianos. El Ministerio ha precisado que esta disposición no afectará a las conexiones con otros Estados miembros de la Unión Europea.

Para justificar la proporcionalidad de la medida, el Gobierno se remite a los datos proporcionados por Frontex. Según el informe técnico, durante el año 2025 se registraron 66.328 detecciones de cruces irregulares en la ruta del Mediterráneo central, una cifra que contrasta con las 19.403 interceptaciones en la ruta occidental. Esta tendencia se habría mantenido en los primeros cinco meses de 2026, con 11.600 detecciones en la vía italiana frente a las 7.100 en la española.

Interior advierte en la orden de que la presión migratoria que soporta Italia, debido a su posición en la frontera exterior de la Unión, tiene efectos directos sobre otros países del espacio Schengen. El documento destaca el riesgo de «movimientos secundarios», en los que personas que han iniciado procedimientos en territorio italiano se desplazan hacia otros Estados, incluyendo España, utilizando las redes de transporte habituales.

En el ámbito de la seguridad, el Ejecutivo señala que las organizaciones criminales aprovechan estos flujos para el tráfico de seres humanos y la falsificación de documentos. Especial mención requiere el análisis de riesgo sobre seguridad nacional, que apunta a la posibilidad de que individuos vinculados al terrorismo utilicen estas rutas migratorias para desplazarse por Europa sin ser detectados por los sistemas ordinarios de control.

La orden ministerial también alude a factores de gestión administrativa dentro del marco europeo. El texto cita dificultades en la aplicación de las normas de determinación del Estado responsable de las solicitudes de asilo, mencionando que Italia habría rechazado traslados de protección internacional solicitados por otros Estados, manteniendo vigentes circulares de 2022 que suspendían dichos procedimientos.

A pesar de la recuperación de la vigilancia fronteriza, Interior subraya que esto no implica una prohibición general de entrada. Los controles se realizarán a todas las personas con independencia de su nacionalidad, pero bajo criterios de análisis de riesgo para minimizar el impacto en el tráfico de pasajeros durante la temporada estival. El Gobierno ha recalcado la obligatoriedad de respetar el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución durante las inspecciones.

La vigencia de esta excepción temporal expira el 7 de septiembre. La orden establece que no habrá prórroga automática; en caso de que el Gobierno considere necesario extender el periodo de controles, deberá realizar una nueva evaluación de necesidad y proporcionalidad y dictar una nueva resolución motivada. No obstante, Interior se reserva la facultad de levantar la medida antes de la fecha prevista si las circunstancias de riesgo desaparecen.