La CNMC obliga a Renfe a facilitar a Iryo el acceso limitado al taller de La Sagra
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictado una resolución por la que estima parcialmente la denuncia interpuesta por el operador privado Iryo contra Renfe, obligando a la compañía pública a permitir el acceso de sus trenes al taller de La Sagra, en Toledo. La decisión administrativa requiere que Renfe facilite el uso de sus instalaciones para el montaje y desmontaje de los ‘bogies’ de 19 unidades de la flota de Iryo, bajo el régimen de autoprestación y en los términos que fueron objeto de negociación previa entre ambas partes.
El organismo regulador ha circunscrito esta obligación exclusivamente a los procesos de mantenimiento de los trenes contemplados en las conversaciones iniciales, permitiendo que ambas operadoras puedan alcanzar una solución alternativa de mutuo acuerdo si así lo consideran. No obstante, la CNMC ha rechazado las pretensiones de Iryo de acceder a la base de mantenimiento de Valladolid, al quedar acreditado que el operador privado dispone de alternativas para realizar dichas operaciones. Asimismo, se ha desestimado la solicitud para ejecutar la totalidad de la intervención «R2» en las instalaciones estatales, dado que este servicio no formaba parte de la oferta original de Renfe Mantenimiento.
Renfe ha comunicado que se encuentra analizando la fundamentación jurídica, técnica y operativa de la resolución. Fuentes de la operadora pública han subrayado que la resolución descarta gran parte de las solicitudes de su competidor y han advertido de que su capacidad industrial no es «ilimitada» ni se encuentra «desocupada». La empresa estatal sostiene que la asignación de recursos a terceros debe realizarse sin detraer la capacidad necesaria para el mantenimiento de su propia flota de Viajeros, de la cual dependen la puntualidad y la calidad del servicio ferroviario nacional.
Desde la compañía presidida por Álvaro Fernández Heredia se ha insistido en que la resolución no implica una «apertura general ni permanente» de La Sagra. Renfe defiende que el análisis de la capacidad industrial disponible debe contemplar factores conjuntos como el personal cualificado, los equipos técnicos, los horarios y las secuencias de trabajo, y no limitarse a la disponibilidad de una instalación aislada. En este sentido, la operadora considera que la CNMC no ha valorado suficientemente sus últimas alegaciones respecto a la carga de trabajo actual de sus centros.
La controversia técnica se remonta a una oferta de julio de 2025 que, según Renfe, no llegó a formalizarse contractualmente debido a que las necesidades de mantenimiento de su propia flota impidieron consolidar la cesión de capacidad. A pesar de ello, y tras las medidas provisionales dictadas anteriormente por el regulador, la división de Ingeniería y Mantenimiento de Renfe realizó pruebas de compatibilidad con el material rodante de Iryo el pasado 26 de junio para posibilitar el cumplimiento de los requerimientos administrativos.
Este conflicto pone de manifiesto el debate sobre el modelo de desarrollo industrial que acompaña al proceso de liberalización ferroviaria en España. Renfe sostiene que la capacidad industrial condiciona directamente la recuperación ante incidencias en la red, mientras que el regulador busca garantizar que los nuevos operadores dispongan de los elementos técnicos esenciales para competir en igualdad de condiciones en el mercado de alta velocidad.
