El Gobierno formaliza la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha oficializado este viernes la renovación de la autorización de explotación para las Unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz. Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la planta cacereña podrá mantener su actividad operativa hasta el 8 de junio de 2030, extendiendo así los plazos de cierre previstos en el protocolo de cese escalonado del parque nuclear español.
La resolución ministerial modifica el calendario inicial que fijaba el cierre de la Unidad I para el 1 de noviembre de 2027 y el de la Unidad II para el 31 de octubre de 2028. Esta prórroga es el resultado del procedimiento administrativo iniciado tras el acuerdo alcanzado por las compañías propietarias de la instalación —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, quienes solicitaron formalmente la continuidad de las operaciones dentro de los márgenes de seguridad establecidos por la normativa vigente.
La decisión cuenta con el aval técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que el pasado 16 de julio emitió un informe favorable a la renovación de la licencia. El organismo regulador certificó que la central cumple con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica necesarios para operar durante el nuevo periodo concedido. No obstante, la vigencia de esta autorización queda estrictamente subordinada al cumplimiento de las instrucciones técnicas y mejoras de seguridad dictadas por el propio CSN.
Desde el punto de vista estratégico, el Ministerio justifica la extensión de la vida útil de Almaraz atendiendo al actual contexto energético internacional. La volatilidad de los precios del gas, acentuada por las crisis geopolíticas en Oriente Medio, ha llevado al Ejecutivo a considerar la aportación de la central como un elemento de estabilidad para el sistema eléctrico nacional. Según los informes técnicos que acompañan la orden, mantener la planta operativa hasta 2030 contribuirá a reducir la dependencia del gas natural sin interferir en el despliegue de las energías renovables.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar un suministro eléctrico seguro y predecible durante la fase de transición energética. La resolución concluye que el impacto de la prórroga sobre los planes de descarbonización es acotado y compatible con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), manteniendo la hoja de ruta hacia un sistema basado mayoritariamente en fuentes de generación limpia para la próxima década.
