El Gobierno designa a Ángel Víctor Torres para coordinar la respuesta a la crisis migratoria en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encomendado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la tarea de coordinar a los cinco ministerios implicados en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Esta decisión institucional busca articular una respuesta transversal entre los departamentos de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior, Inclusión Social y Juventud e Infancia ante la situación de emergencia que atraviesa la ciudad autónoma.
La designación se produce tres semanas después de que se registrara una entrada masiva de personas en la ciudad. Según los datos facilitados por las autoridades locales, actualmente permanecen en Ceuta entre 7.000 y 9.000 ciudadanos en situación irregular, tras un flujo que alcanzó picos significativos durante los últimos días del pasado mes de julio.
Con este movimiento, el jefe del Ejecutivo establece una figura de enlace superior para optimizar la operativa de los ministerios afectados, aunque el Gobierno mantiene su negativa a activar el «mando único» que ha sido solicitado formalmente por el Partido Popular. La labor encomendada a Torres formaliza las funciones de seguimiento que el titular de Política Territorial ya venía ejerciendo de manera oficiosa desde el inicio del repunte migratorio.
El encargo presidencial ha sido transmitido mientras Sánchez se encuentra en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote. El cometido principal del ministro será cohesionar las actuaciones de las diversas áreas gubernamentales para dar una respuesta integral que abarque desde la vigilancia fronteriza y la política exterior hasta la acogida y protección de menores en la ciudad autónoma.
La crisis en Ceuta ha generado un intenso debate político, especialmente en lo referente al traslado de menores y las capacidades de acogida. Mientras el Ejecutivo central refuerza la estructura de coordinación bajo el mando de Torres, la oposición insiste en la necesidad de implementar protocolos de repatriación y un refuerzo institucional más estricto en la gestión de las fronteras terrestres.
