El Tribunal Supremo desestima la medida cautelarísima del PP sobre las comparecencias en el Senado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima interpuesta por el Partido Popular (PP), en la que solicitaba que se ordenara al Gobierno de España la organización inmediata de las comparecencias de diversos ministros en el Senado. La formación de la oposición pretendía que el Alto Tribunal obligara al Ejecutivo a fijar estas sesiones en un plazo máximo de 24 horas para dar cuenta de la crisis migratoria en Ceuta antes de que finalice el mes de agosto.
El recurso judicial fue impulsado tras la ausencia de los titulares de las carteras de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa —José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente— en las comisiones de la Cámara Alta la pasada semana. Los ministros habían sido citados para informar sobre la entrada masiva de personas en Ceuta ocurrida entre el 30 y el 31 de julio, una situación que el PP considera de obligada comparecencia en sede parlamentaria.
En su escrito, el Partido Popular solicitaba que el Gobierno comunicara de forma urgente al Senado la disponibilidad de sus miembros, argumentando que el Ejecutivo no debe condicionar su presencia en la Cámara Alta a la sustitución de estas por comparecencias en el Congreso de los Diputados. La formación sostiene que las solicitudes de información debidamente tramitadas por el Senado tienen plena validez y no pueden ser anuladas por la voluntad unilateral del Gobierno de rendir cuentas en una cámara u otra.
Desde la perspectiva jurídica presentada por los populares, el control parlamentario es una prerrogativa constitucional que el Gobierno no puede gestionar a discreción. El texto defendía que el hecho de comparecer voluntariamente ante el Congreso no exime a los ministros de su responsabilidad ante el Senado, órgano de representación territorial donde la mayoría parlamentaria actual es distinta a la de la Cámara Baja.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo evita intervenir por la vía de urgencia en el conflicto de competencias y agendas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dejando que el procedimiento ordinario siga su curso sin las medidas excepcionales solicitadas. Por el momento, la actividad parlamentaria en el Senado respecto a la crisis migratoria queda a expensas de la nueva programación de las mesas de las comisiones afectadas.
